Santa Rosa (2b) – El conflicto entre el municipio de Santa Rosa, la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) y el Grupo Clarín se ha convertido en una radiografía del poder real en la Argentina. En una ciudad acostumbrada a defender su identidad cooperativa y sus servicios públicos autogestionados, la irrupción de un gigante privado con prácticas al filo de la legalidad no debería pasar inadvertida. Sin embargo, el silencio y la tibieza con que el Ejecutivo municipal encara el tema invitan a una pregunta incómoda: ¿por qué el municipio no avanza con mayor firmeza?
Clarín no es una empresa más. Es un conglomerado con capacidad de presión política, mediática y judicial. Lo sabe cualquier dirigente que haya intentado ponerle límites. Lo saben los intendentes del conurbano, los gobernadores que firmaron convenios a regañadientes y también Luciano di Nápoli, que conoce los costos de enfrentarse a un actor con semejante aparato de lobby y cobertura nacional.
El grupo no solo opera en el terreno de las telecomunicaciones: su verdadera fuerza radica en moldear la agenda pública. Es el poder que no se ve, pero se siente. Cada decisión que toca sus intereses se convierte en tema de tapa, en columna de opinión, en editorial moralizante. Y ese poder simbólico pesa —incluso en una capital provincial con fuerte tradición cooperativa.
Multas, intimaciones y un expediente que duerme
Formalmente, el municipio actuó. Labró actas de infracción, intimó a la empresa a detener las obras y hasta envió pedidos de retiro del tendido ilegal. Pero los hechos son tercos: los postes siguen en pie, los cables siguen ahí, y Clarín continúa desplegando infraestructura sin autorización.
No es casual. La administración municipal parece atrapada entre la presión de la CPE, que exige acciones concretas, y el temor a un enfrentamiento judicial o mediático con uno de los principales grupos económicos del país. En ese punto intermedio, el conflicto se diluye en papeles y dictámenes que no alteran la realidad.
El dilema político de Di Nápoli
Luciano di Nápoli atraviesa una encrucijada clásica del progresismo en el poder: sostener el discurso de defensa de lo público, pero sin dar la batalla frontal contra los intereses concentrados. Su gestión se juega entre la convicción y la prudencia. Y mientras tanto, el Grupo Clarín gana tiempo —y territorio— en el espacio aéreo de Santa Rosa.
La CPE no es solo una empresa de servicios: es una institución que encarna una forma de gestión comunitaria. Defenderla frente al avance de un monopolio no debería ser una cuestión corporativa, sino de soberanía local. Cada poste instalado sin permiso es un acto de colonización simbólica y económica.
El municipio tiene la oportunidad de marcar un límite claro. No se trata solo de cables y postes, sino de decidir quién gobierna realmente el espacio público y las reglas del desarrollo urbano. Porque si Clarín puede hacer lo que quiera en Santa Rosa, entonces el mensaje es claro: el poder político es decorativo, y los verdaderos dueños del territorio son los de siempre.
