Santa Rosa (2b) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno nacional y le otorgó un plazo máximo de cuatro meses para responder a la petición presentada por el abogado pampeano Omar Gebruers, que reclama el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Suprema que ordena a Mendoza liberar 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el Puente Vinchuqueros.
La medida, dirigida al canciller Pablo Quirno, exige que el Estado argentino explique por qué no se ha ejecutado una sentencia que lleva más de cinco años sin cumplirse y que obliga a Mendoza a restituir un caudal mínimo para evitar el daño ambiental en el oeste pampeano. La CIDH recordó que, vencido el plazo, evaluará el caso bajo los parámetros de su Resolución 1/16 y habilitó la posibilidad de abrir una instancia de solución amistosa entre las partes.
La presentación ante el organismo internacional fue realizada por Gebruers junto a la abogada Ana Herren en representación de dos mujeres del oeste provincial, Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, crianceras caprineras y habitantes ribereñas del cauce seco del Atuel. Ambas fueron reconocidas como “víctimas damnificadas” por la falta de escurrimiento que afecta su vida productiva y su entorno ambiental.
El pedido recopila toda la documentación histórica del conflicto y subraya que la Corte ordenó liberar el caudal “de manera inmediata”, algo que nunca ocurrió. “La sentencia es clara y apunta a evitar que continúe el daño ambiental. Creemos que la CIDH podrá comprenderlo sin dificultades”, había señalado Gebruers al realizar la presentación.
Este avance se suma a otro antecedente clave: la propia provincia de La Pampa también había llevado el reclamo a la CIDH el año pasado, y el organismo aceptó esa petición. En ese momento, el gobernador Sergio Ziliotto destacó que la Comisión ya había requerido explicaciones al Estado nacional por el incumplimiento del fallo.
Con esta nueva intimación, el conflicto por el Atuel suma presión internacional en un escenario donde la sentencia sigue sin ejecutarse y donde las comunidades del oeste pampeano continúan reclamando por un derecho básico: que el río vuelva a correr.
