Santa Rosa (2b) – La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa, Romina Montes de Oca, se refirió a las acusaciones de haber actuado como «lobista» del Grupo Clarín durante el debate por el tendido de fibra óptica, un proyecto que el cuerpo edilicio decidió archivar por unanimidad.
La dirigente santarroseña ratificó que el Concejo tiene la «obligación de dar respuestas» sobre las políticas públicas de conectividad y negó que el conflicto haya generado «tensiones» dentro del Partido Justicialista.
Montes de Oca se amparó en la decisión unánime del Concejo Deliberante de archivar los tres proyectos de inversión de Clarín, a pesar de que la empresa había avanzado de manera irregular en las calles.
«No me sentí incómoda en ningún momento. La verdad, creo que lo que quedó evidenciado fue que hace falta un debate transparente y serio en materia de tecnologías, de telecomunicaciones y de conectividad, porque no se dio el debate dentro del Consejo Deliberante», sostuvo en el programa “El Mirador” de FM Contacto.
La viceintendenta, quien tuvo que administrar la palabra de los concejales durante la fundamentación del archivo, aseguró que la «discusión quedó planteada y en algún momento se dará, supongo», ya que considera que la sociedad está pidiendo una política pública transparente en la materia.
Respaldo al gremio
Montes de Oca respaldó el comunicado emitido por el Sindicato de Telefónicos (SOEESIT), que conduce su padre, César Montes de Oca. El gremio había defendido la necesidad de ser «receptores de los avances tecnológicos» y de abrir un debate sobre las inversiones:
«Es muy claro y habla de empleabilidad, habla de inversiones, habla de nuevos puestos de trabajo, habla de mejores tarifas… eso es lo que representa el sindicato de las telecomunicaciones, que son los intereses de los trabajadores», afirmó.
Para justificar la necesidad de abrir el debate, Montes de Oca citó datos de disconformidad ciudadana: «Uno de cada tres ciudadanos o ciudadanas de Santa Rosa tienen una inconformidad respecto al servicio o a la tarifa.» Aseguró que, frente a esta realidad, tienen la responsabilidad institucional de generar políticas que mejoren la calidad de vida.
Consultada sobre si las acusaciones de lobby le generaron fricciones con otros sectores del PJ o con la intendenta de General Pico, la viceintendenta lo negó rotundamente: «No, para nada. No hubo tensión ahí… fue una decisión unánime el archivo». Finalmente, aclaró que mantiene un «vínculo institucional» con la CPE, con la que han tenido un buen diálogo por 25 años.
