Buenos Aires (2b) – Este viernes el Gobierno se juega una ficha determinante en el Senado: la sanción del que sería el primer Presupuesto avalado de Javier Milei en sus dos años de gestión. Si bien La Libertad Avanza (LLA) confía en reunir los votos necesarios, todavía hay negociaciones abiertas con aliados, artículos en pugna y anuncios de último momento que tensan la previa a la sesión. Cualquier modificación obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados, un escenario que el oficialismo quiere evitar a toda costa.
Luego de que el Ejecutivo aceptara retirar el capítulo XI, la discusión se concentra ahora en dos puntos sensibles: el artículo 30 —que elimina los pisos de financiamiento en ciencia y educación— y la deuda de la Nación con las provincias por el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas a la ANSES. En este último tema, los gobernadores de Provincias Unidas se plantaron con dureza y amenazan con abstenerse en la votación general, como ya ocurrió en Diputados.
En paralelo, el Senado también tratará la ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la exteriorización de ahorros, pero que encendió alarmas por un artículo que eleva en más de 100.000% las multas del ARCA por incumplimientos impositivos formales. El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, debió salir a ofrecer una “solución” por vía reglamentaria para evitar un traspié político.
Los ejes en conflicto
Para la votación en general, LLA —que cuenta con 20 senadores propios— estima superar los 40 votos con el acompañamiento de aliados como Luis Juez, bloques de la UCR, el PRO y bancadas provinciales.
“Damos quórum y acompañamos”, ratificaron este jueves desde el PRO, pese a la fuerte pelea con el oficialismo por el control de la AGN que incluso llegó a la Justicia.
Sin embargo, el verdadero riesgo aparece en la votación en particular. El artículo 30 del Presupuesto, que pasó casi inadvertido en Diputados, ahora está bajo la lupa del Senado. La norma elimina pasajes centrales de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Técnico Profesional.
Los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama ya adelantaron su rechazo y, si lograran sumar al resto de la bancada UCR (10 senadores) y a provinciales que dialogan con el peronismo, el artículo podría caer. Ese escenario implicaría una modificación del texto y su regreso a Diputados, un terreno hoy hostil para el oficialismo tras la guerra abierta con el PRO.
La clave de la asistencia
La aprobación depende de la mitad más uno de los presentes, por lo que las ausencias son tan decisivas como los votos negativos. En LLA confían en que senadores que responden a gobernadores peronistas —como los de Convicción Federal o los santiagueños de Gerardo Zamora— opten por no sentarse, facilitando el número.
Pero el frente de conflicto más delicado está con los gobernadores de Provincias Unidas, entre ellos Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba), que reclaman por la deuda que la Nación mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.
“Estamos esperando si avanzan las gestiones, si se concretan acuerdos de palabra”, señalaron desde ese bloque.
Durante el debate en comisión, la cordobesa Alejandra Vigo se negó a firmar el dictamen y expuso la magnitud del problema: “A Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias”. Su compañero Carlos “Camau” Espínola, en cambio, sí acompañó.
El anuncio de Caputo para salvar Inocencia Fiscal
La ley de Inocencia Fiscal también será votada este viernes y tiene un artículo que disparó fuertes críticas del sector empresario y de aliados políticos: el que multiplica las multas por incumplimientos formales como la falta de presentación de declaraciones juradas.
Las sanciones actuales —$200 para personas humanas y $400 para empresas— pasarían a $220.000 y $440.000, respectivamente, con actualización por UVA desde 2027. Las objeciones apuntan a que no se diferencia entre pymes y grandes compañías, y a que muchas veces los sistemas del ARCA impiden cumplir en término.
Caputo anunció en X que acordó con el organismo una salida reglamentaria: en lugar de multar al vencimiento, se enviará un recordatorio y se otorgarán entre 10 y 15 días hábiles extra. Recién luego se intimará y se aplicará la sanción, evaluando además la cantidad de días de demora para graduar la multa.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, celebró la decisión: “Escuchamos a la gente. La prioridad es acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen trabajo. Nada de multas”.
Sin embargo, el proyecto también incluye un capítulo que modifica los plazos de prescripción tributaria, un punto que las provincias consideran una intromisión en sus autonomías fiscales y que promete abrir un nuevo frente de conflicto con los gobernadores.
