Santa Rosa (2b) – Una trabajadora del sector de taxis de Santa Rosa denunció que le secuestraron su vehículo de trabajo por una deuda que no es propia, sino de un empleado al que había salido de garante, y que dejó de pagar sus compromisos.
El hecho ocurrió a comienzos de octubre, cuando el taxi se encontraba prestando servicio, y fue retirado de circulación por una orden judicial vinculada al incumplimiento del empleado. La situación dejó a la propietaria sin su principal fuente de ingresos, pese a no ser la responsable directa de la deuda.
Según explicó, el problema se originó cuando accedió a salir como garante de un trabajador. Al producirse la falta de pago, la medida judicial avanzó directamente sobre el vehículo, que hoy permanece en depósito, sin poder volver a la actividad.
Ante el secuestro, la titular solicitó la baja provisoria del móvil para evitar que se sigan acumulando costos mientras el taxi permanece retenido. Sin embargo, la situación se prolonga y no cuenta aún con una solución concreta.
Desde la Justicia se dispuso como modalidad de cancelación que el pago de la deuda se realice a través de un porcentaje de la recaudación diaria, mecanismo que, según la damnificada, resulta inviable mientras el vehículo no pueda circular.
En ese marco, presentó un pedido formal para que se autorice la reincorporación del taxi, con el compromiso de afrontar parte de la deuda de manera inmediata y el resto en cuotas. La trabajadora remarcó que el secuestro del vehículo por una deuda ajena implica un castigo desproporcionado, que la deja sin posibilidad de trabajar ni de cumplir con las exigencias impuestas.
El caso volvió a poner sobre la mesa el impacto de las decisiones judiciales sobre herramientas de trabajo, y el riesgo que asumen quienes salen de garante en un contexto económico cada vez más complejo.
