Buenos Aires (2b) – En una carrera contra el reloj, La Libertad Avanza busca alcanzar acuerdos en el Seando con los bloques dialoguistas para aprobar la reforma laboral en la última semana de diciembre, mientras el peronismo explora recursos para boicotear el proyecto del Gobierno.
Los tiempos son muy acotados para el Gobierno ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para el martes a las 11 a los presidentes de bloques para acordar el armado de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, con lo cual el debate podría comenzar el miércoles.
El primer desafío que tendrá la jefa de LLA será conseguir mayoría con propios y aliados en las dos comisiones para emitir dictamen y convencer a los bloques dialoguistas de la UCR, PRO y provinciales de acortar la lista de invitados, ya que el peronismo quiere que expongan un centenar de dirigentes de los distintos sectores sociales para extender el debate de la reforma laboral, según informaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas.
El esquema diseñado por el oficialismo implica comenzar el debate en un plenario de comisiones la reforma laboral los días miércoles, jueves y viernes -si es necesario- para emitir dictamen y así poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026, señalaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas.
Para ello tendrá que acotar la lista de invitados a menos de la mitad para terminar el jueves o viernes la ronda de consultas y firmar los dictámenes, aunque deberá tener enhebrado el acuerdo con los bloques dialoguistas.
Pero para avanzar con esa rapidez, Bullrich deberá tener asegurados los tres votos del PRO, 10 de la UCR y, por lo menos, tres legisladores de bloques provinciales.
La negociación
El principal problema es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que no van a querer enfrentarse a la CGT, como los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
La expectativa apunta a contar con el respaldo del mandatario del Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno.
Desde el oficialismo ya saben que no contarán con el respaldo del ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y del mandatario Raúl Jalil, que se mantienen dentro del bloque peronista.
En forma paralela, el peronismo, que tiene 28 legisladores entre sus respectivos subbloques, busca siete senadores para tumbar la ley laboral, y para ello perseguirá acuerdos con legisladores de gobernadores del PJ, que serán aquellos a los que también intenta convencer el oficialismo de acompañar esta iniciativa.
Las reuniones de comisión se harán en medio de las protestas de la CGT y las CTA, que convocaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo para rechazar de plano la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Límites a los gremios
La reforma no solo contempla cambios en los convenios sino también en el sistema de cobro de las cuotas sindicales, que es el principal mecanismo de financiamiento de los gremios, ya que establece que las empresas solo se podrán retener aportes si hay un consenso expreso de los trabajadores.
“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie la conformidad expresa del trabajador y el acuerdo entre las partes”, dice el proyecto.
A su vez, se deberá contar con una resolución de la Secretaría de Trabajo, según se establece en el artículo 137 del proyecto.
Además, fija que cualquiera de las partes del contrato de trabajo podrá dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándolo a la otra, con 30 días de anticipación por cualquier medio fehaciente. También establece graves sanciones a los bloques de empresas cuando se tome una empresa o se impida el ingreso a esa firma.
En ese sentido, el proyecto establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento».
“Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”, dice el texto.
Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y, en caso de que se realice dentro del establecimiento, deberá requerir autorización respecto del lugar”
“Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma».
A través de esta iniciativa también “se limita a diez (10) horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal”.
Otro punto que no solo afectará a gremios sino a las cámaras de empresas, ya que fija que «los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales.
«Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”, agrega el proyecto.
Estos puntos junto a la caída de la ultraactividad, los cambios en indemnizaciones y vacaciones, son los temas que más rechazan los gremios, y por eso impulsan un plan de lucha que va más allá de la marcha del 18 de diciembre a Plaza de Mayo.
