Buenos Aires (2b) – Una investigación judicial en Estados Unidos volvió a poner a la Asociación del Fútbol Argentino en el centro de un escándalo financiero de alcance internacional. Registros bancarios confidenciales revelan que la empresa autorizada por la AFA para recolectar sus ingresos globales desvió casi medio millón de dólares hacia sociedades directamente vinculadas al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, además de un pago de alto monto a su pareja, exfuncionaria clave del organismo.
El esquema gira en torno a TourProdEnter LLC, la firma con sede en Miami que desde 2021 centraliza los cobros de sponsors y derechos comerciales de la Selección y otros activos de la AFA. Por sus cuentas en bancos estadounidenses circularon al menos 260 millones de dólares en cuatro años. La pregunta que hoy atraviesa despachos judiciales y políticos es qué parte de ese caudal terminó lejos de Viamonte.
Los registros indican que al menos 483.604 dólares fueron transferidos a SOMA SRL, una sociedad radicada en Santiago del Estero y ligada al entorno familiar y operativo de Toviggino. Solo en siete meses, entre diciembre de 2024 y julio de este año, esa empresa recibió diez giros desde la cuenta de Bank of America de TourProdEnter, con picos que superaron los 150.000 dólares en una sola operación. SOMA, además, aparece mencionada en denuncias ya judicializadas en la Argentina por la compra de una mansión en Pilar, un inmueble que se convirtió en emblema del presunto uso de testaferros para el ocultamiento patrimonial.
El entramado no termina ahí. Otra sociedad vinculada al mismo núcleo de poder, Cabello SRL, también recibió fondos provenientes de Estados Unidos. Ambas compañías comparten gerencias, direcciones cruzadas y una ingeniería societaria que muta de manos con una frecuencia llamativa: acciones que pasan de hermanos a empresas controlantes, firmas que absorben a otras y domicilios que se repiten entre Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires como si fueran piezas intercambiables de un mismo rompecabezas.
La investigación también detectó un giro directo de 40.000 dólares a la pareja del tesorero, quien fuera gerenta de Finanzas de la AFA hasta 2022. No se trata de una figura ajena a la estructura: fue parte del núcleo duro que administró durante años el flujo de dinero de la casa madre del fútbol argentino y luego fundó una bodega boutique que abastece de vinos a eventos oficiales de la entidad. Su nombre, además, aparece en empresas que cubrían gastos y expensas de propiedades vinculadas al mismo grupo.
Desde el entorno del productor teatral y exlegislador que figura como controlante formal de TourProdEnter se limitan a sostener que la firma actúa como “agente de cobro y pago” y que cada transferencia responde a “instrucciones formales” de la AFA. Sin embargo, el volumen de fondos, el patrón de beneficiarios y la reiteración de apellidos encendieron alarmas tanto en tribunales estadounidenses como en la Justicia argentina.
Más allá de la eventual tipificación penal, el caso expone un problema político de fondo: el sistema de poder construido alrededor de la conducción de la AFA, donde los circuitos de decisión, recaudación y gasto parecen confluir siempre en el mismo núcleo reducido de dirigentes y empresas amigas. En un organismo que factura cientos de millones de dólares al calor de los éxitos deportivos, la falta de controles externos reales y la opacidad en el manejo de recursos se convierten en una amenaza institucional.
El fútbol argentino, una vez más, se enfrenta a su propio espejo. No es solo un debate judicial, sino una discusión sobre cómo se administra un negocio que es patrimonio cultural de millones de personas, pero que, puertas adentro, parece funcionar como un club cerrado donde los dólares giran siempre en la misma dirección.
