Buenos Aires (2b) – La aplicación de la nueva fórmula previsional de Javier Milei provocó una pérdida del 27,4% en el poder adquisitivo de los jubilados desde diciembre de 2023. Según un informe del CEPA, la jubilación mínima actual percibe $93.393 menos de lo que recibiría si continuara vigente el cálculo de la gestión anterior. Esta brecha, sumada al congelamiento del bono de $70.000, ha sido una pieza clave para que el Gobierno logre sostener el superávit fiscal.
Desde la llegada de la gestión libertaria, los haberes jubilatorios han registrado un retroceso real. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que el cambio implementado mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización basado en salarios y recaudación por uno atado exclusivamente a la inflación, impide que los ingresos se recuperen tras la devaluación de principios de 2024.
Una brecha de $93.000 en la mínima
El informe estima que, con la movilidad actual, la jubilación mínima sin bono se sitúa en $340.886. Sin embargo, de haber persistido la fórmula previa (Ley 27.609), el haber mínimo alcanzaría hoy los $434.279. Esta diferencia de más de $93.000 mensuales evidencia que el cambio de cálculo se realizó justo antes de que los indicadores de la fórmula derogada comenzaran a superar a la inflación.
La «licuación» del bono compensatorio
Para quienes perciben el haber mínimo, la situación se agrava por el congelamiento del bono de $70.000, inamovible desde marzo de 2024. El CEPA señala que, para mantener su poder de compra original, este refuerzo debería haber ascendido a $177.485 en diciembre de 2025. Esta falta de actualización provocó que la jubilación mínima, con bono incluido, aumentara un 101%, muy por debajo del 154% que crecieron los haberes sin bono.
El veto a la recomposición
El análisis destaca que el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular dos veces las leyes de movilidad aprobadas por el Congreso. Dichas iniciativas buscaban compensar la inflación de enero de 2024 con un aumento excepcional del 7,2% y actualizar el valor del bono a $110.000, medidas que hubieran aliviado el bolsillo de los adultos mayores pero afectado el equilibrio fiscal del Gobierno.
El fin de la moratoria y sus consecuencias
El panorama futuro se oscurece con la finalización de la moratoria previsional prevista para marzo de 2025. Sin esta herramienta, el CEPA advierte que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de retiro no podrán jubilarse por falta de aportes. Esta decisión obliga a los adultos mayores a depender de la PUAM, un beneficio que representa apenas el 80% de una jubilación mínima.
El costo del superávit
La brecha entre ambas fórmulas explica gran parte del ahorro fiscal de la administración Milei. Al ajustar por inflación sobre un piso ya degradado, el Gobierno garantiza que las jubilaciones «no pierdan más», pero también clausura cualquier posibilidad de que recuperen lo perdido. De hecho, los niveles actuales se ubican un 16,8% por debajo del último trimestre de la gestión anterior.
Un sistema restrictivo
Además de la pérdida económica, el nuevo esquema eleva las barreras de acceso. Al exigir los 30 años de aportes de forma estricta y subir de hecho la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años para acceder a la PUAM, el sistema previsional reduce su cobertura. Esto deja a una gran parte de la población vulnerable con ingresos de subsistencia y sin los beneficios del sistema contributivo.
Conclusión del informe
El CEPA concluye que el cambio de fórmula fue una estrategia intencional para capturar el beneficio de la baja inflacionaria sin trasladarlo a los jubilados. El resultado es un esquema donde los haberes quedan cristalizados en un nivel históricamente bajo, transfiriendo el peso del ajuste fiscal directamente a los beneficiarios del sistema previsional argentino.
