Buenos Aires (2b) -El Parlamento Europeo resolvió este miércoles llevar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ante dudas sobre su compatibilidad con el derecho comunitario. La decisión se aprobó por una diferencia mínima —334 votos a favor y 324 en contra— y, en los hechos, paraliza el proceso de ratificación del tratado, aunque no bloquea automáticamente su eventual aplicación provisional, una facultad que sigue en manos de la Comisión Europea.
La iniciativa fue impulsada por los bloques de izquierda, mientras que una segunda propuesta de contenido similar presentada por el espacio de ultraderecha Patriotas por Europa fue rechazada por amplia mayoría. Tras la votación, la Comisión Europea expresó su malestar con la decisión. La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, había viajado días atrás a Paraguay para firmar el acuerdo y lo defendió ante el pleno como un hecho “histórico”.
Desde Bruselas, el portavoz de Comercio, Olof Gill, sostuvo que el recurso al TJUE “carece de justificación”, al considerar que ya se adoptaron medidas para atender las objeciones planteadas por los eurodiputados. De todos modos, la Comisión adelantó que evaluará el nuevo escenario antes de definir los próximos pasos.
Acuerdo Mercosur- Unión Europea: cómo puede impactar en la Argentina
Más allá del impacto político en Europa, el acuerdo tiene implicancias sensibles para la Argentina, en particular en materia cambiaria. Uno de los capítulos menos difundidos del tratado establece el compromiso de garantizar que los pagos y transferencias vinculados a las operaciones comerciales se realicen en monedas de libre convertibilidad, en línea con las normas del Fondo Monetario Internacional.
En la práctica, esta cláusula limita la posibilidad de sostener controles cambiarios amplios y permanentes. Si bien el texto no prohíbe de forma absoluta las restricciones, las habilita solo en situaciones excepcionales, como desequilibrios severos en la balanza de pagos o riesgos concretos para la estabilidad macroeconómica. En esos casos, las medidas deberían ser transitorias, proporcionales y no convertirse en una política estructural, lo que introduce un condicionamiento directo sobre el esquema de administración del dólar.
