Buenos Aires (2b) – Los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF presentaron este jueves por la noche un escrito ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones, al considerar que el país incumplió con la entrega de comunicaciones oficiales exigidas en el marco del proceso de discovery.
El planteo, impulsado por Petersen y Eton Park con el respaldo de Burford Capital, sostiene que la Argentina demoró o negó la presentación de correos electrónicos y mensajes de funcionarios y exfuncionarios nacionales, entre ellos el exministro Sergio Massa, el actual titular de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. La orden judicial que dio origen al reclamo fue dictada el 29 de julio de 2025.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la acusación y afirmaron que el país “cumplió plena y ampliamente” con el discovery, al entregar más de 113.000 páginas de documentación y facilitar testimonios de funcionarios. Además, calificaron la presentación como un nuevo intento de “hostigamiento” por parte de Burford, mediante pedidos que consideran “intrusivos y desproporcionados”.
Los demandantes solicitaron cinco sanciones, entre ellas la declaración de desacato, multas civiles, una penalidad coercitiva de un millón de dólares diarios y la presunción de que la evidencia no presentada sería desfavorable para la Argentina. También buscan que se declare como “alter ego” del Estado a organismos y empresas públicas como el Banco Central, el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Enarsa, con el objetivo de ampliar las posibilidades de cobro.
El cronograma judicial prevé que la defensa argentina responda el 19 de febrero, que los demandantes repliquen el 5 de marzo y que las audiencias probatorias se realicen el 23 y 24 de marzo, instancia en la que la jueza Preska podría definir si avanza con una declaración de desacato.
El caso se enmarca en el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF en 2012, decisión que aún se encuentra bajo revisión en instancias de apelación en Estados Unidos.
