Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional incluyó la iniciativa en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero. La Libertad Avanza deberá negociar nuevamente con el PRO y la UCR para alcanzar los votos necesarios en Diputados. El debate se centra en el límite de edad y el presupuesto destinado a los centros de detención.
El gobierno de Javier Milei apuesta nuevamente a una de sus banderas de gestión en el inicio del año legislativo 2026. Tras perder estado parlamentario el dictamen obtenido el año pasado, el oficialismo confirmó que enviará un nuevo proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Según consignó el portal El Destape, desde La Libertad Avanza (LLA) se mostraron abiertos a introducir modificaciones en el texto original para garantizar el acompañamiento de los bloques dialoguistas.
El principal punto de fricción radica en el piso de edad para que un menor sea juzgado. Mientras que la propuesta inicial del Ejecutivo pretendía fijar la imputabilidad en los 13 años, sus socios principales, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), mantienen su postura histórica de establecerla en los 14 años. Este fue el acuerdo alcanzado a regañadientes por el oficialismo durante 2025, y todo indica que la oposición aliada no está dispuesta a retroceder en ese límite.
Infraestructura y recursos: el eje del debate
Más allá de la discusión sobre la edad, el sector aliado puso el foco en la viabilidad económica del sistema. Desde el PRO advirtieron que «bajar la edad sin invertir en infraestructura es populismo penal», señalando que la creación de un nuevo régimen requiere centros de alta seguridad especializados y un modelo socioeducativo que actualmente no cuenta con los recursos suficientes. La falta de presupuesto para sostener el sistema penal juvenil asoma como el gran obstáculo para que el proyecto pase de la retórica a la práctica.
Por otro lado, el bloque Provincias Unidas, que cuenta con 18 votos clave, aún no ha iniciado conversaciones formales, aunque referentes del espacio ya marcaron su posición. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró su respaldo a la medida tras el impacto social generado por crímenes recientes cometidos por menores en su provincia. «El que comete un delito lo tiene que pagar», afirmó el mandatario, alineándose con la necesidad de reformar el código vigente.
