Santa Rosa (2b) – La Mesa Intersindical de Gremios Estatales de La Pampa se declaró en estado de alerta y movilización y reclamó formalmente la reapertura de la paritaria salarial para la primera quincena de febrero, en el marco del creciente conflicto con el Gobierno provincial por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de un bono compensatorio y el deterioro de las condiciones laborales.
Durante una conferencia de prensa, referentes sindicales advirtieron que la situación salarial de las y los trabajadores estatales es crítica y que responde a un “plan de ajuste perfectamente orquestado a nivel nacional”, que —según señalaron— profundiza la transferencia de recursos desde los salarios hacia los grandes grupos económicos. En ese contexto, remarcaron que La Pampa no está ajena a las consecuencias del recorte de transferencias nacionales y la caída de la coparticipación.
Desde la Intersindical recordaron que los trabajadores estatales pampeanos habían logrado ubicarse por encima de la línea de pobreza, una conquista que —afirmaron— se perdió tras la devaluación y la inflación de diciembre de 2023. Indicaron que, pese a los esfuerzos realizados en las paritarias de 2025, solo se recuperó un 11% de lo perdido, luego de haber llegado a estar 17 puntos por encima de la inflación, situación que se revirtió con el último acuerdo salarial impuesto por decreto.
Los gremios explicaron que rechazaron esa propuesta por tres motivos centrales: la ausencia de un bono, el desdoblamiento del aguinaldo respecto del salario y la falta de una pauta salarial para el primer trimestre del año. En ese sentido, ratificaron que el reclamo del bono se mantiene vigente y lo consideraron una “conquista” dentro de la negociación paritaria.
Como parte del plan de acción, anunciaron que se realizarán reuniones de comisiones directivas de todos los sindicatos, un plenario de delegados provinciales y distintas instancias de organización interna. Aclararon que no se trata aún de la declaración de un conflicto, pero advirtieron que, si no hay convocatoria a paritarias, avanzarán con medidas de fuerza.
Los dirigentes también cuestionaron las declaraciones del gobernador Sergio Ziliotto sobre la “estrechez financiera” para afrontar el pago de un bono. Si bien reconocieron la caída de recursos nacionales, aseguraron que existen alternativas para obtener fondos, señalando al sector financiero, agroexportador, hidrocarburífero y a los grandes grupos económicos como actores que “siempre ganan, con crisis o sin crisis”.
Además, denunciaron presiones y amenazas en los lugares de trabajo contra empleados que participaron de las movilizaciones, y exigieron al Ejecutivo provincial que cesen esas prácticas. “Los trabajadores no pueden seguir pagando la crisis. Hay compañeros que ya no llegan a fin de mes y vienen a los sindicatos a pedir ayuda para pagar el alquiler”, advirtieron.
Finalmente, remarcaron que el reclamo no se limita al salario, sino que incluye una agenda más amplia: recomposición real de ingresos, discusión de escalas salariales, pases a planta, condiciones edilicias, derechos laborales pendientes y el restablecimiento de artículos de leyes que consideran cercenados. “Queremos diálogo, pero si no hay respuestas, nos van a encontrar en la calle”, concluyeron.
