Buenos Aires (2b) – La Corte Suprema de Estados Unidos anuló por 6 votos contra 3 los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump había impuesto bajo una ley pensada para emergencias nacionales. El fallo no es solo jurídico: es un límite político a la interpretación expansiva del poder ejecutivo en materia comercial y un golpe directo a una de las banderas del republicano.
Trump había convertido los aranceles en el corazón de su estrategia económica y geopolítica. La Casa Blanca defendía el esquema como una vía para recaudar billones de dólares en la próxima década y fortalecer las cuentas públicas. En los hechos, los gravámenes tensionaron cadenas de suministro, encarecieron insumos y recalibraron el comercio global.
Ahora el máximo tribunal norteamericano obliga a desarmar o reformular ese andamiaje. No es el fin del proteccionismo, pero sí un mensaje institucional claro: no todo vale en nombre de la “emergencia”.
El impacto excede a Washington. Mercados financieros, exportadores industriales y economías emergentes habían ajustado expectativas frente a la guerra comercial. El fallo abre un período de transición que podría aliviar costos para importadores y consumidores, aunque también generar incertidumbre regulatoria si el Ejecutivo busca atajos legales alternativos.
¿Y desde el sur? Mientras en Estados Unidos la Corte pone freno a decisiones unilaterales, en la Argentina el Gobierno nacional avanza a paso redoblado con reformas estructurales que afectan empleo, industria y producción regional. La diferencia no es menor: allá el máximo tribunal marca límites; acá, el Congreso suele funcionar en modo escribanía.
