Santa Rosa (2b) – La entidad vinculó directamente el lobby político del diputado y la viceintendenta con la impunidad de los operarios. Denunciaron que el respaldo oficial de ambos funcionarios fomenta conductas violentas contra los vecinos. El comunicado exige que se priorice la seguridad de la comunidad frente a los intereses empresariales.
La Comisión de Apoyo de la CPE elevó el tono de su reclamo y centró sus críticas en el plano político tras los recientes hechos de violencia protagonizados por cuadrillas de la empresa Movistar. Según la fuente oficial, el organismo cuestionó duramente al diputado provincial César Montes de Oca y a su hija, la actual viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa, Romina Montes de Oca. La Comisión asegura que el «público lobby» que ambos realizan en favor del Grupo Clarín actúa como un aval implícito para que los operarios actúen con prepotencia en los barrios.
Para la organización, las agresiones sufridas recientemente por una familia santarroseña no son hechos aislados, sino el resultado de un respaldo institucional que permite a estas cuadrillas operar sin autorización municipal ni planos de servicios básicos. En el comunicado, se sostiene que tanto el diputado como la viceintendenta estarían amparando estas acciones —supuestamente bajo la protección del Sindicato de Telefónicos— sin considerar el riesgo que representan las perforaciones ilegales en el espacio público ni la integridad física de los asociados de la cooperativa.
Finalmente, la Comisión hizo hincapié en que este tipo de «conductas patoteriles», que incluyen amenazas con armas blancas a personas mayores y mujeres, se ven potenciadas cuando el poder político local decide priorizar los intereses de las empresas porteñas por sobre la seguridad de los vecinos. El organismo llamó a la comunidad a no aceptar estos excesos y a exponer los vínculos que, a su criterio, garantizan la impunidad de las cuadrillas en las calles de la capital pampeana.
