Buenos Aires (2b) – Mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante su cuarto paro general desde el inicio de la actual gestión, en rechazo a lo que considera un avance sobre derechos laborales históricos.
La medida tuvo su mayor impacto en el transporte público. No circularon trenes ni subtes y la mayoría de las líneas de colectivos adhirieron, con excepción de las pertenecientes al grupo DOTA. La postal de estaciones casi vacías y calles con menor circulación reflejó el alcance de la protesta en el área metropolitana.
También se registró una paralización significativa en sectores industriales, bancos y dependencias estatales. En contraste, buena parte del comercio minorista abrió sus puertas con relativa normalidad, lo que marcó una adhesión dispar según el rubro.
Desde la central obrera, el cosecretario general Jorge Sola calificó el nivel de acatamiento como “importantísimo” y lo vinculó con un “rechazo creciente” a la política económica del Gobierno. Según el dirigente, el conflicto no responde a una disputa partidaria sino a la defensa de los puestos de trabajo en un contexto de caída de la actividad y cierre de empresas.
En esa línea, puso como ejemplo el reciente anuncio de cierre de la firma Fate, que dejó a cientos de trabajadores en incertidumbre. Para la conducción sindical, el caso es parte de un proceso más amplio de deterioro del empleo formal desde la asunción de Milei.
Movilización y presión sindical
Además del paro, sectores sindicales más confrontativos —entre ellos gremios industriales y estatales nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos y las dos CTA— se movilizaron hacia el Congreso mientras se desarrollaba el debate legislativo.
Dirigentes como Abel Furlán, de la UOM, cuestionaron con dureza el proyecto oficial, al que definieron como una reforma “regresiva” que apunta a flexibilizar condiciones laborales bajo el argumento de la modernización.
El tratamiento parlamentario de la iniciativa se da en un clima de creciente tensión social, con sindicatos que advierten sobre una pérdida sostenida de empleo y poder adquisitivo, mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el mercado laboral.
El paro dejó expuesto que el debate no es solo técnico ni legislativo: se trata de una disputa de modelo productivo y de derechos, con el movimiento obrero decidido a confrontar una de las reformas estructurales más profundas del actual gobierno.
