Buenos Aires (2b) – Diputados nacionales de Unión por la Patria solicitaron la interpelación en la Cámara de Diputados del ministro de Economía, Luis Caputo, del nuevo director del INDEC, Pedro Lines, y del ex titular del organismo, Marco Lavagna, para que expliquen por qué el Gobierno decidió no aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de 2026, pese a que ya estaba listo para su implementación.
El proyecto, encabezado por Nicolás Trotta (foto) sostiene que la decisión no responde a razones técnicas sino políticas: el nuevo índice refleja de manera más fiel los hábitos actuales de consumo y arrojaría una inflación más alta que la que muestra el IPC vigente, basado en una canasta elaborada con datos de hace más de veinte años.
Según detallaron los legisladores, el actual método de medición se apoya en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, lo que distorsiona el impacto real del aumento de precios, especialmente en servicios, que hoy ocupan un peso mucho mayor en el gasto de los hogares. El nuevo instrumento, en cambio, actualiza esas ponderaciones y expone con mayor crudeza la evolución del costo de vida.
En ese marco, los diputados advirtieron que el Gobierno optó por no transparentar los datos para sostener un relato de desinflación que no se condice con la experiencia cotidiana de la población. Incluso señalaron que la salida de Marco Lavagna del INDEC se produjo tras presiones oficiales para frenar la aplicación del nuevo índice.
“El uso de un índice desactualizado conduce a diagnósticos erróneos y a decisiones que profundizan la pérdida de ingresos reales”, afirmó Trotta, quien además denunció que se priorizó un calendario político por sobre la credibilidad de las estadísticas públicas.
El legislador remarcó que el IPC no solo mide inflación, sino que impacta directamente en la medición de pobreza, indigencia, salarios, jubilaciones, contratos y políticas públicas. “Manipular o postergar su actualización no es neutro: implica ocultar una realidad económica más adversa”, sostuvo.
El pedido de interpelación busca que el Gobierno explique por qué, aun reconociendo que el nuevo índice es más preciso, decidió mantener un instrumento obsoleto que subestima el impacto real de la inflación en los hogares argentinos.
