Santa Rosa (2b) – La Justicia de Río de Janeiro ordenó este jueves la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de haber realizado gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema, un hecho ocurrido el pasado 14 de enero. La medida fue dispuesta por el Juzgado Penal N°37, que hizo lugar al pedido de la fiscalía al considerar que la imputada, en libertad, podría intimidar a testigos y víctimas, además de existir riesgo de fuga. Páez está imputada por el delito de injuria racial, una figura penal contemplada en la legislación brasileña.
Tras conocerse la resolución judicial, la joven difundió un video en su cuenta de TikTok en el que expresó su angustia por la situación que atraviesa. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, sostuvo. Además, remarcó que se encuentra colaborando con la causa y cuestionó el argumento del peligro de fuga, ya que tiene colocada una tobillera electrónica y asegura estar a disposición de la Justicia desde el primer día.
El episodio ocurrió durante una salida nocturna con amigas, cuando se produjo una discusión al momento de pagar la cuenta. Según la denuncia, Páez se dirigió a los trabajadores del bar con expresiones ofensivas y gestos que simulaban a un mono, tanto dentro del local como posteriormente en la vía pública. La abogada reconoció que su conducta fue inapropiada, aunque intentó justificarla al afirmar que habría reaccionado luego de sentirse agredida por el personal del bar, a quienes acusó de burlarse de ella y sus acompañantes.
Sin embargo, la fiscalía sostuvo que los hechos extrapolaron cualquier contexto de discusión o malentendido y constituyeron un acto claramente discriminatorio. En ese sentido, los investigadores destacaron que una de las mujeres que acompañaba a Páez intentó frenar su accionar, lo que fue interpretado como una señal de conciencia de la gravedad de la conducta.
En su resolución, el juzgado advirtió que la libertad de la imputada podría generar un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que existiría la posibilidad de que intimide a testigos o víctimas para condicionar sus declaraciones. También se remarcó que, por tratarse de una ciudadana extranjera, podría abandonar el país y frustrar el avance del proceso judicial.
Las acusaciones fueron respaldadas por declaraciones de testigos, los testimonios de las víctimas y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad. Además, la denuncia señala que Páez continuó con las ofensas racistas incluso después de haber sido advertida por los propios empleados del bar de que ese comportamiento constituía un delito en Brasil. La investigación fue cerrada por la Policía Civil el 23 de enero, al considerar que existían pruebas suficientes para avanzar contra la abogada. Ahora, con la prisión preventiva dictada, el caso ingresa en una etapa clave del proceso judicial.
