Buenos Aires (2b) – A casi ocho meses de su sanción y empujado por un fallo judicial, el gobierno de Javier Milei reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que primero intentó vetar y luego congelar por decreto. La reglamentación llegó este miércoles, a través del Decreto 84/2026, no como un gesto de cumplimiento institucional sino como una respuesta forzada ante el ultimátum de la Justicia.
El
Ejecutivo había suspendido la aplicación de la ley en septiembre pasado, bajo el argumento de la falta de financiamiento, pero esa maniobra fue declarada inválida por el Juzgado Federal de Campana, que fijó el 4 de febrero como fecha límite para su implementación. Sin margen político ni legal, el Gobierno avanzó, aunque introduciendo cambios que vuelven a colocar el ajuste fiscal por encima del derecho a la protección social.
La reglamentación crea dos categorías de pensiones no contributivas por discapacidad: las nuevas altas y las prestaciones ya otorgadas, que ahora serán sometidas a auditorías masivas. En los hechos, miles de personas que ya perciben una pensión quedarán bajo revisión, en un proceso que despierta preocupación por su posible uso como herramienta de recorte encubierto.
El decreto redefine además los criterios de acceso, endurece la evaluación socioeconómica y establece incompatibilidades con otras prestaciones, al tiempo que subordina la política pública a la “disponibilidad de recursos”, una fórmula que el oficialismo repite como justificación permanente del ajuste.
Aunque instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal y a articular con organizaciones del sector, el texto deja en claro que el Gobierno no resigna su postura: la reglamentación se dicta “sin reconocer hechos ni derechos” ni aceptar los fundamentos del fallo judicial.
Así, Milei cumple la ley solo porque no tuvo alternativa, pero lo hace marcando límites, dejando abierta la disputa judicial y trasladando la incertidumbre a uno de los sectores más vulnerables, que vuelve a quedar atrapado entre la emergencia social y la obsesión fiscal del Gobierno.
