Buenos Aires (2b) – La creación de la Oficina de Respuesta Oficial no solo tensó el vínculo del Gobierno con los medios, sino que abrió el primer cortocircuito político serio con el PRO, uno de sus socios parlamentarios clave. Laura Alonso salió a cuestionar la iniciativa y advirtió que el Estado no debe intervenir para “fabricar la verdad”, en una crítica directa al rumbo comunicacional de la Casa Rosada.
La legisladora porteña y ex vocera del Gobierno de la Ciudad puso el foco en un punto sensible: el uso del aparato estatal para responder a críticas, versiones falsas u operaciones mediáticas. En ese marco, sostuvo que la libertad de expresión es el núcleo de la democracia y que el debate público —con sus excesos incluidos— forma parte del juego político.
Desde su mirada, quienes ocupan cargos públicos deben tolerar el escrutinio permanente, incluso cuando este incluye mentiras u operaciones. En lugar de crear estructuras oficiales para refutarlas, planteó que la responsabilidad de los funcionarios es responder, desmentir y rendir cuentas con herramientas políticas, no institucionales.
El mensaje funcionó como una advertencia interna hacia el Gobierno de Javier Milei, que presentó la nueva oficina como una herramienta para combatir la desinformación tras el fin de la pauta oficial. Para Alonso, ese límite es claro: el Estado no debe transformarse en árbitro de la verdad ni imponer una versión oficial de los hechos.
La crítica cerró con una frase lapidaria que sintetiza el malestar dentro del PRO: la expectativa de que la Oficina de Respuesta Oficial no pase de ser “un olvidable mensaje en X”, en un contexto donde la alianza entre el macrismo y el oficialismo libertario empieza a mostrar fisuras discursivas.
