Santa Rosa (2b) – La pulseada entre el campo y el Gobierno volvió a escalar en un momento clave del calendario productivo. En la antesala de la cosecha gruesa, la Sociedad Rural Argentina redobló la presión y reclamó la eliminación total de las retenciones, pese al discurso optimista que baja la Casa Rosada sobre el presente del sector.
El planteo llega en un contexto particular: el equipo económico de Javier Milei proyecta exportaciones agropecuarias que podrían alcanzar los 42.000 millones de dólares en 2026, lo que implicaría un salto de casi 8.700 millones respecto al año anterior. Con esos números sobre la mesa, el Gobierno habla de un “boom” del agro.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el sector está atravesando un momento de fuerte expansión, impulsado por la baja de algunos impuestos y la reducción de aranceles a insumos y maquinaria. La narrativa oficial es clara: las señales pro-mercado empiezan a dar resultados.
Pero desde el campo la lectura es otra. El presidente de la Rural, Nicolás Pino, recogió el guante, valoró las medidas, pero dejó en claro que no alcanza. “Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero el esfuerzo se agota en cubrir costos récord y presión fiscal”, advirtió. En esa línea, planteó que eliminar las retenciones sería “el acelerador definitivo” para el desarrollo del sector.
El punto de conflicto es estructural. Mientras el Gobierno apuesta a una reducción gradual de impuestos en un esquema condicionado por el equilibrio fiscal, el agro exige un cambio de fondo: un cronograma concreto para eliminar los Derechos de Exportación. Para la SRA, ese tributo funciona como un techo que limita la expansión productiva.
A esto se suma un factor que el oficialismo no puede controlar del todo: los costos. Según la entidad, los productores están operando con “costos de guerra”, con aumentos fuertes en insumos como la urea —que superó el 50%— y un impacto creciente del combustible en la logística. Es decir, aun con mejores precios y proyecciones, la rentabilidad está bajo presión.
El trasfondo es político. El Gobierno necesita que el agro liquide y aporte dólares para sostener el esquema económico, pero al mismo tiempo busca cuidar la recaudación en un momento donde cada ingreso cuenta. El campo, en cambio, ve una oportunidad histórica y quiere condiciones más agresivas para invertir y producir.
En el medio, aparece una tensión clásica de la economía argentina: quién se queda con la renta en un momento de bonanza. Desde el oficialismo hablan de crecimiento; desde el campo, de límites estructurales.
La cosecha gruesa está por arrancar. Y con ella, una negociación que promete volver a poner en el centro de la escena la relación entre el Gobierno y uno de los actores más poderosos de la economía argentina.
