Santa Rosa (2b) – El gobernador Sergio Ziliotto eligió un escenario cargado de simbolismo político —el Medasur lleno, con empresarios, intendentes, cooperativas y universidades— para presentar el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030. Pero detrás de la liturgia institucional y el discurso de “todos los sectores”, lo que se puso en juego fue algo bastante más profundo: una respuesta política al modelo económico nacional.
El oficialismo provincial mostró la foto que quiere construir: articulación público-privada, agregado de valor, desarrollo con anclaje territorial. Una narrativa que en La Pampa no es nueva, pero que ahora se reconfigura en clave defensiva frente a un contexto nacional que, según el propio gobernador, va en sentido contrario.
Ahí está el primer punto clave. El plan no aparece solo como una hoja técnica con ejes, programas y metas —que los tiene, y en abundancia— sino como un posicionamiento político claro frente al rumbo que imprime el gobierno de Javier Milei. Cuando Ziliotto habla de “antípodas”, no está describiendo una diferencia de matices: está marcando una grieta de modelo.
De un lado, la provincia propone industrialización, agregado de valor y presencia activa del Estado como socio del sector privado. Del otro, acusa a la Nación de empujar una lógica de primarización y retracción estatal. En ese cruce, el PDEP funciona tanto como plan económico como manifiesto político.
Pero hay otra capa en la jugada. La insistencia en la “articulación” y en que “no falta nadie” también busca blindar el frente interno. En tiempos donde la economía cruje y los recursos escasean, la construcción de consensos con el sector privado deja de ser solo una virtud y pasa a ser una necesidad. No es casual que el propio Ziliotto haya hablado de la “estrechez financiera” al momento de discutir baja de impuestos: ahí aparece el límite real del modelo.
El dato no es menor. Porque mientras se proyecta crecimiento, recuperación de empleo y expansión productiva, el plan también reconoce —aunque de manera implícita— que el margen de maniobra está condicionado por variables que no controla la provincia: tasas de interés, política cambiaria, infraestructura nacional. Es decir, el contexto macro que fija la Casa Rosada.
En ese sentido, la mención a un trabajo conjunto con Nación por las rutas no es un detalle técnico: es una señal política. En medio de la tensión discursiva, hay una negociación en marcha. Y como suele pasar, la rosca aparece donde el relato se vuelve más pragmático.
El Plan, además, pone sobre la mesa otro objetivo menos explícito pero igual de relevante: sostener una identidad productiva propia en medio de un país que reconfigura su matriz económica. La Pampa intenta reafirmar su modelo, pero también adaptarlo a un escenario donde las reglas de juego cambian rápido.
Por eso, cuando Ziliotto aclara que no es un plan “tallado en piedra”, está reconociendo algo más que flexibilidad técnica: está admitiendo que el tablero es inestable.
La pregunta que queda flotando es si ese equilibrio —entre planificación provincial y turbulencia nacional— es sostenible en el tiempo. Y, sobre todo, si alcanza con la articulación local cuando el contexto general empuja en otra dirección.
Por ahora, el Gobierno pampeano eligió una estrategia clara: mostrarse ordenado, con rumbo y con respaldo de los sectores productivos. En un país donde la incertidumbre es la norma, eso ya es, en sí mismo, una jugada política.
