Santa Rosa (2b) – Una denuncia pública difundida en redes sociales encendió la polémica en torno a la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), donde se acusa la existencia de situaciones de violencia laboral y de género dentro de la institución.
Según el texto que comenzó a circular en las últimas horas, los hechos se producirían “con total impunidad” y con la supuesta falta de intervención de las autoridades de la cooperativa.
“Con total impunidad, con el aval y la legitimación de la presidencia, de algún nefasto gerente y de un par de encargados, se ejerce violencia laboral y de género en la CPE de Santa Rosa”, señala la denuncia.
El mensaje sostiene que las víctimas no serían casos aislados, sino varias trabajadoras que se habrían visto afectadas por estas situaciones. De acuerdo con el planteo difundido, en un área específica tres mujeres ya habrían dejado sus puestos y una cuarta estaría próxima a hacerlo.
“La víctima no es una ni dos mujeres, son varias. De un área se tuvieron que ir tres, y en breve lo hará la cuarta, con el festejo de los violentos que no quieren mujeres en su sector”, afirmaron.
Señalamientos de impunidad
El texto también cuestiona la supuesta falta de sanciones frente a los hechos denunciados y advierte que los responsables “se saben impunes”.
En ese sentido, aseguran que la situación se mantiene porque, según plantean, no habría existido ningún tipo de llamado de atención, sanción o suspensión para quienes ejercerían el maltrato.
“Lo hacen porque pueden, porque como nunca les pasa nada se saben impunes”, indicaron.
Además, describen un esquema que identifican como el “ABC de la violencia laboral”, donde las trabajadoras temen denunciar por miedo a perder su empleo y, cuando lo hacen, la situación de hostigamiento se agrava.
Reclamos al Consejo de Administración
La denuncia también apunta a la responsabilidad institucional de la cooperativa. Según el texto, las situaciones de maltrato no serían recientes, sino que se habrían prolongado durante varios años sin respuestas efectivas.
“No son diez o quince días. Son tres o cuatro años de hacer todo el caminito institucional pidiendo ayuda, no callando, y nada”, expresaron.
Quienes difundieron el mensaje sostienen que el daño provocado por estas situaciones afecta la salud mental de las trabajadoras y que, ante las denuncias, suele aparecer la descalificación personal hacia las víctimas.
“Sale el manual del violento: ‘está loca’, ‘le falla’, ‘odia a los hombres’”, afirmaron.
Reclamo final
La publicación concluye con una crítica hacia el discurso institucional vinculado a los valores cooperativistas y los derechos humanos, señalando que esos principios también deben incluir la defensa de las mujeres dentro de la organización.
“A los paladines de la moral, los principios cooperativistas y los derechos humanos les falta saber que las mujeres estamos dentro de esos derechos, o darse cuenta que les están sobrando un par de violentos que no combinan con el discurso”, concluye el mensaje difundido en redes.
Hasta el momento, la CPE no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia pública.
