Santa Rosa (2b) – El ajuste en organismos del Estado empieza a bajar a tierra con nombres propios y consecuencias concretas. En las últimas horas, desde el gremio APINTA confirmaron que el Gobierno nacional avanzará con la apertura de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en lo que aparece como el primer paso de un proceso de reducción de personal que genera fuerte preocupación puertas adentro.
“Ya nos avisaron que somos los próximos”, advirtió el secretario general del sindicato, Roberto Maldonado, en una frase que expone el clima interno: incertidumbre, tensión y la sensación de que el recorte ya está en marcha.
Por ahora, la herramienta elegida es la de los retiros voluntarios. Un mecanismo que, en la práctica, suele funcionar como antesala de un ajuste más profundo. La lógica es conocida: achicar sin conflicto inmediato, pero con impacto directo en la estructura operativa del organismo.
El dato no es menor si se tiene en cuenta el rol estratégico del INTA en el entramado productivo argentino. No se trata solo de un organismo técnico: es el principal soporte científico y territorial para el sector agropecuario, con presencia en todo el país a través de estaciones experimentales y agencias de extensión.
En ese marco, el plan oficial no se limita al personal. También estuvo sobre la mesa la posibilidad de vender activos del organismo: campos experimentales, edificios y terrenos. Según denuncian desde el gremio, el listado incluía 22 campos y más de 80 inmuebles, varios de ellos ubicados en zonas de alto valor inmobiliario.
Esa iniciativa, por ahora, quedó en pausa. Desde el sindicato aseguran que el freno llegó tras las denuncias internas dirigidas a la conducción del organismo, encabezada por Nicolás Bronzovich. Pero el dato político es otro: la discusión no está cerrada, está suspendida.
El argumento oficial para avanzar en ese esquema es “modernizar” el INTA y redirigir recursos hacia inversión tecnológica, eliminando activos considerados ociosos o subutilizados. Sin embargo, puertas adentro, la lectura es distinta: temen un vaciamiento progresivo de capacidades estratégicas en nombre de la eficiencia.
La tensión también se explica por el contexto. El Gobierno de Javier Milei viene impulsando un recorte transversal en el Estado, y los organismos técnicos no quedaron al margen. En ese esquema, el INTA aparece como un objetivo sensible: combina presupuesto, territorio y un vínculo directo con el sector productivo.
Para provincias como La Pampa, el tema no es abstracto. El INTA cumple un rol clave en la asistencia a productores, el desarrollo tecnológico y la adaptación de prácticas productivas en contextos adversos. Un recorte en esa estructura no solo impacta en trabajadores, sino también en el funcionamiento del sistema agropecuario.
Por ahora, el proceso entra en fase inicial con los retiros voluntarios. Pero el trasfondo es más profundo: qué modelo de organismo se quiere, cuánto Estado en el territorio y qué lugar ocupa la ciencia aplicada en la Argentina que se está rediseñando.
La señal ya está dada. Y en el INTA, como en otros organismos, empieza a correr el reloj.
