Buenos Aires (2b) – La Justicia laboral decidió suspender provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tras una cautelar presentada por la CGT. Traducción: la “modernización” arrancó, pero se topó con un semáforo en rojo.
El fallo, firmado por el juez Raúl Ojeda, advierte que podría haber una afectación de derechos constitucionales y un “perjuicio inminente” para los trabajadores si la ley se aplica tal como está. Por eso, resolvió frenar los puntos cuestionados hasta que haya una sentencia definitiva. O sea: calma, pero con tensión.
Desde la central obrera —con Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo al frente— celebraron la medida, que pone en suspenso una parte clave de la Ley de Modernización Laboral (27.802), aprobada hace apenas un mes.
En su resolución, el juzgado también reconoció que la CGT tiene legitimidad para impugnar los artículos vinculados a derechos sensibles como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. No es un detalle menor: ahí está el corazón del conflicto.
Ojeda sostuvo que la cautelar se apoya en una “verosimilitud del derecho calificada” y alertó que aplicar la ley podría romper con derechos laborales adquiridos. En otras palabras: no es solo una discusión técnica, es una disputa de modelo.
