Santa Rosa (2b) – La diputada provincial Gisela Cuadrado presentó una batería de iniciativas vinculadas al área hidrocarburífera El Medanito, con el objetivo de reforzar la participación ciudadana, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y ampliar el control institucional en el proceso de transición del yacimiento.
Las propuestas, que forman parte de un trabajo sostenido desde hace más de un año, apuntan a intervenir en una etapa clave: la definición del esquema futuro del área tras décadas de explotación.
Uno de los ejes centrales es un proyecto que plantea la necesidad de abrir instancias de participación ciudadana antes de aprobar el Informe Final Ambiental y el plan de remediación. En ese marco, la legisladora propuso la realización de una audiencia pública, al sostener que, aunque la normativa provincial no lo establezca de forma expresa para esta etapa, el derecho a la participación está garantizado por marcos superiores como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
En paralelo, Cuadrado presentó una iniciativa para exigir el cumplimiento efectivo del cupo mínimo del 80% de mano de obra y servicios de origen pampeano, especialmente en tareas vinculadas a la remediación ambiental, el saneamiento de pasivos y la gestión de residuos.
El paquete también incluye una propuesta para crear una Comisión Especial de Seguimiento y Control de las concesiones hidrocarburíferas en la Legislatura, con el objetivo de fortalecer el rol del Poder Legislativo en el monitoreo de aspectos clave como inversiones, regalías y cumplimiento ambiental.
Además, la diputada realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer el grado de cumplimiento del cupo local y los mecanismos de fiscalización aplicados por la autoridad competente.
En ese sentido, recordó que, según información oficial recibida el pasado 7 de abril, el Informe Final Ambiental del área aún no fue aprobado, por lo que tampoco están definidos ni validados los planes de remediación y saneamiento. Esto, advirtió, confirma que el proceso se encuentra en una instancia previa a decisiones definitivas.
El planteo cobra relevancia en un contexto en el que el área lleva más de 35 años de explotación —primero bajo la órbita de PCR y en la última década en asociación con Pampetrol—, lo que abre interrogantes sobre el estado de los pasivos ambientales acumulados.
“No se trata solo de una definición operativa, sino de garantizar condiciones claras en materia ambiental, control institucional y transparencia en la gestión de los recursos”, sostuvo Cuadrado.
