Buenos Aires (2b) – La Cámara de Diputados se encamina a debatir este miércoles una reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo junto a bloques aliados, en línea con el pedido de gobernadores que buscan habilitar nuevas inversiones mineras en sus provincias.
La sesión especial fue solicitada por referentes de La Libertad Avanza, la UCR y otros espacios provinciales, con el objetivo de avanzar en un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado por 40 votos contra 31. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para atraer capitales a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.
El impulso político detrás de la reforma tiene nombres propios: los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), cuyas provincias concentran buena parte del potencial minero del país. El argumento central es claro: flexibilizar las restricciones vigentes para acelerar proyectos extractivos y captar inversiones millonarias.
Antes de llegar al recinto, el oficialismo deberá garantizar el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Según estimaciones parlamentarias, el número de firmas necesarias ya estaría asegurado gracias al respaldo de aliados provinciales y bloques dialoguistas.
Desde el oficialismo se muestran confiados en alcanzar el quórum de 129 diputados y reunir entre 130 y 134 votos para convertir en ley la reforma. La base propia de La Libertad Avanza —94 legisladores— se complementa con apoyos de Innovación Federal, Producción y Trabajo, sectores de la UCR, el PRO y otros espacios menores.
El tratamiento del proyecto llega luego de audiencias públicas realizadas a fines de marzo, en las que participaron cerca de 400 expositores entre instancias presenciales y virtuales. Sin embargo, el proceso fue cuestionado por organizaciones ambientalistas y bloques opositores, que denunciaron limitaciones en la participación frente a los más de 100 mil inscriptos.
En el fondo, la posible modificación de la Ley de Glaciares no sólo redefine reglas para la actividad minera, sino que también reabre una discusión estructural sobre el modelo productivo y el rol de los recursos naturales en la Argentina actual.
