Buenos Aires (2b) – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo nueva presión judicial luego de que dos prestamistas declararan que todavía mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses por la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Ambas mujeres confirmaron haber otorgado en noviembre de 2024 un financiamiento privado —no bancario— por un total de 100.000 dólares para la adquisición de la propiedad, ubicada sobre avenida Asamblea, frente al Parque Chacabuco. Según detallaron, el acuerdo contempla cuotas mensuales vigentes y un vencimiento final previsto para noviembre de este año, con una tasa de interés anual del 11%.
De acuerdo a sus testimonios, Molina aportó 85.000 dólares, mientras que Cancio contribuyó con los 15.000 restantes. La Justicia investiga ahora si ambas, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica para realizar ese préstamo y busca establecer la trazabilidad de los fondos involucrados en la operación.
En paralelo, la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de firmas, negó la existencia de préstamos en efectivo y sostuvo que la operación se encuadró en una compra financiada directamente entre privados, sin irregularidades.
La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones: el miércoles está prevista la presentación de otras dos acreedoras vinculadas a la misma propiedad. Días atrás también declaró el exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del inmueble antes de venderlo a las mujeres que luego concretaron la operación con el actual funcionario.
