Buenos Aires (2b) – El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del propio gobierno en condiciones preferenciales. “No hay nada ilegal ni inmoral”, aseguró. El problema no es solo jurídico. Es político, ético y, sobre todo, profundamente desigual.
Según trascendió, varios funcionarios libertarios accedieron a préstamos millonarios para vivienda con financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad, una condición que, en la práctica, no está disponible para la mayoría de los argentinos. La línea general del Banco Nación suele cubrir hasta el 75%, mientras que el esquema más beneficioso está reservado para empleados de la propia entidad. Los beneficiarios en cuestión no lo son.
La defensa oficial se apoya en dos argumentos: que los créditos cumplen requisitos técnicos y que el acceso al financiamiento impulsa la economía. Ambas afirmaciones, tomadas en abstracto, son correctas. El crédito hipotecario es históricamente un motor clave de crecimiento, como muestran experiencias comparadas en América Latina y Europa. Sin embargo, el punto crítico no es la existencia del crédito, sino quiénes acceden a él y bajo qué condiciones.
Diversos estudios en economía del desarrollo han demostrado que la expansión del crédito tiene efectos positivos cuando es inclusiva. Cuando, en cambio, se concentra en sectores con mayor poder adquisitivo o cercanía al poder político, tiende a profundizar desigualdades. En Argentina, donde el acceso a la vivienda ya está severamente restringido por ingresos y volatilidad macroeconómica, este tipo de políticas selectivas generan un efecto regresivo: amplían la brecha entre quienes pueden financiar una propiedad y quienes quedan definitivamente afuera.
Caputo, además, recomendó públicamente “aprovechar la oportunidad” antes de que suban los precios. El mensaje no es nuevo: suele aparecer en contextos de reactivación inmobiliaria. Pero en este caso adquiere otro significado. La “oportunidad” no parece estar distribuida de manera equitativa, sino mediada por posición institucional y vínculos con el Estado.
El contraste es inevitable. Mientras se promueve un discurso de ajuste, eficiencia y retiro del Estado, el banco público —que el propio oficialismo ha cuestionado en reiteradas ocasiones— se convierte en herramienta para facilitar condiciones ventajosas a funcionarios. No se trata de una contradicción menor, sino de una tensión estructural entre el ideario libertario y la práctica de gobierno.
