Buenos Aires (2b) – En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que congregó a más de 15.000 profesionales y autoridades del sector, 18 provincias argentinas —incluida La Pampa— manifestaron un rotundo rechazo a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno Nacional. El encuentro se produjo en un escenario que los especialistas ya califican como de «emergencia federal».
Durante el 3° Encuentro Federal de Salud Mental, autoridades sanitarias de jurisdicciones como La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Salta, entre otras, analizaron el crítico panorama actual. Los datos del informe federal de 2025 son alarmantes: se registró un incremento del 77% en las internaciones y un salto del 134% en la demanda de atención ambulatoria en todo el país.
Los motivos del rechazo
El bloque de 18 provincias fundamentó su oposición a la reforma ministerial bajo tres ejes principales:
Falta de Federalismo: Denunciaron que ninguna provincia fue consultada para la elaboración del proyecto, desconociendo el trabajo territorial de cada jurisdicción.
Desfinanciamiento: Advierten que la iniciativa retira fuentes de financiamiento esenciales y desarticula el enfoque comunitario que rige actualmente.
Barreras de Acceso: La reforma incorporaría trabas para la atención en situaciones de urgencia e internación, lo que fue calificado como un retroceso en materia de derechos humanos.
Un sistema bajo presión y sin recursos
Los representantes provinciales señalaron que el contexto de ajuste económico ha disparado los padecimientos subjetivos de la población, aumentando la presión sobre el sistema público de salud. En este sentido, expresaron su máxima preocupación por la problemática del suicidio y el deterioro generalizado de las condiciones de acceso al tratamiento.
«La situación no ha mejorado, ha empeorado. Estamos enfrentando una demanda histórica con un fuerte desfinanciamiento por parte del Estado Nacional», indicaron durante la jornada.
Acuerdos y exigencias
Ante la parálisis institucional, las autoridades provinciales acordaron una agenda de trabajo propia que incluye:
Reactivación del COFESAMA: Exigen la convocatoria urgente al Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones para debatir políticas públicas de manera colectiva.
Investigación Federal: Impulsar estudios epidemiológicos junto a universidades nacionales, con foco en las urgencias de infancias y juventudes.
Políticas de Largo Plazo: Reconocer que los padecimientos de salud mental requieren sostenibilidad en el tiempo y no medidas espasmódicas.
El documento final del encuentro subraya que los problemas de salud mental están atravesados por el contexto social de desigualdad y crisis económica, factores que deben ser el eje de cualquier reforma legislativa para no profundizar la vulnerabilidad de los pacientes.
