Santa Rosa (2b) – La decisión judicial que habilitó salidas transitorias para el empresario Eduardo “Chino” Ros reabrió una herida que, lejos de cerrarse, vuelve a exponer tensiones profundas entre el sistema judicial y las víctimas. El dato no es menor: Ros estuvo más de cuatro años prófugo y, aun así, accede ahora a un beneficio que, en términos prácticos, genera ruido incluso fuera del caso puntual.
La resolución de la jueza Mónica Rivero, que le permite salir 48 horas mensuales a una cabaña fuera de Santa Rosa, cayó como un baldazo de agua fría en la víctima, Virginia Valcarcel, quien no dudó en cuestionar con dureza el criterio aplicado. “Nuestro proceso de superación del trauma que nos generó la situación lleva ya 14 años, y actualmente tuvo un retroceso enorme debido a esta resolución”, afirmó. Y fue más allá: “El condenado ya demostró ser una persona incapaz de cumplir con las reglas que se le impongan”.
El eje del conflicto no es solo jurídico, sino profundamente político en términos institucionales. Porque lo que está en discusión es el mensaje que emite la Justicia cuando concede beneficios a una persona que, tras ser condenada, decidió escapar y eludir durante años el accionar judicial. En ese contexto, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué valor tienen las reglas si quien las quebró de manera flagrante termina accediendo a un régimen de flexibilización?
Valcarcel apunta directamente a ese punto ciego. “Le otorgó salidas transitorias de 48 horas en unas cabañas turísticas como si se fuera de vacaciones. Nunca tuvo en cuenta nuestros fundados argumentos: su fuga, luego de haber sido condenado y buscado por la Interpol”, sostuvo. La crítica no se queda en la resolución, sino que avanza sobre el proceso: “Sentí que esta audiencia solo fue una formalidad de una decisión que ya había sido tomada”.
El trasfondo del caso refuerza la polémica. Ros fue capturado en 2022 tras un pedido de captura internacional, luego de permanecer prófugo durante años. Su extradición se concretó recién en 2025, tras un proceso complejo que incluyó incluso un intento de obtener refugio. Es decir, no se trata de un condenado común dentro del sistema: es alguien que puso en jaque su funcionamiento.
Ese historial es, precisamente, el que la víctima considera que fue desestimado. “Están considerando la evolución psicológica del condenado sin tener en cuenta la de la víctima”, planteó, dejando en evidencia una tensión estructural que atraviesa múltiples casos de violencia de género.
El impacto no es solo individual. “Mi familia y mi entorno están profundamente angustiados; vivimos con miedo e impotencia”, describió Valcarcel. Y en ese punto aparece otro elemento que agrega presión: el clima social que rodea la decisión, con exposición pública, redes sociales y un escenario donde la revictimización vuelve a emerger.
Pero quizás la frase más potente es la que sintetiza el trasfondo político del caso: “La justicia se maneja de la siguiente manera: no cuidan a las víctimas ni a sus familias. Nos revictimizan”. No es solo una opinión personal, es una lectura que interpela al sistema en su conjunto.
En ese marco, la resolución de Rivero deja de ser un expediente más y pasa a convertirse en un caso testigo. Porque lo que está en juego no es únicamente el cumplimiento de una condena, sino la credibilidad de un sistema que, para muchas víctimas, sigue llegando tarde o, peor aún, en dirección contraria.
