Santa Rosa (2b) – Un grupo de bancos de primera línea comenzó a convocar a clientes con deudas impagas de al menos 90 días para renegociar las condiciones de sus créditos, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento de la morosidad en el sistema financiero.
La iniciativa, que se maneja con bajo perfil, apunta principalmente a créditos de consumo de corto plazo —generalmente menores a 36 meses— cuyos titulares comenzaron a registrar dificultades de pago poco tiempo después de haberlos tomado, en muchos casos por caída de ingresos o pérdida de empleo.
Desde las entidades reconocen que el objetivo es alcanzar acuerdos viables que permitan sostener los pagos. Las renegociaciones incluyen, en algunos casos, extensión de plazos y eventuales reducciones en el costo financiero, en función de la capacidad de pago de cada cliente.
El trasfondo de estas medidas es un deterioro sostenido en los indicadores de mora. Según datos de la consultora 1816, la morosidad en créditos a familias alcanzó el 11,2% en febrero, marcando el nivel más alto desde 2004 y acumulando 16 meses consecutivos de suba. El fenómeno no es aislado: impacta en la gran mayoría de las entidades financieras del país.
La situación es aún más crítica en el segmento de créditos otorgados por entidades no financieras, donde la mora trepó al 29,9% en el mismo período. Este escenario se explica, en parte, por el elevado costo del financiamiento: las tasas de préstamos personales rondan el 70% nominal anual y el costo financiero total puede superar el 250% anual.
Especialistas advierten que el problema responde a una combinación de factores, entre ellos la alta morosidad —que eleva el riesgo y encarece el crédito—, la incertidumbre sobre la política monetaria y el desacople entre las tasas de referencia del Banco Central y las que enfrentan los usuarios.
En este contexto, también surgieron iniciativas legislativas. El diputado Roberto Santiago presentó un proyecto para crear un régimen extraordinario de regularización de deudas destinado a personas con dificultades de pago. La propuesta contempla mecanismos de refinanciación, condonación parcial y asistencia estatal para deudas de consumo contraídas hasta fines de 2025.
El escenario refleja un sistema financiero tensionado, con hogares atrapados entre ingresos deteriorados y costos de financiamiento elevados, mientras bancos y autoridades buscan alternativas para evitar un agravamiento de la crisis crediticia.
