Buenos Aires (2b) – El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya comenzó a discutirse en el Congreso, reabre un frente sensible en el mercado de alquileres con un cambio puntual pero de alto impacto: la reducción a solo tres días corridos del plazo de intimación por falta de pago.
La modificación implica un giro en la dinámica actual. Mientras hoy existe un margen más amplio para regularizar deudas, la nueva propuesta acorta los tiempos y acelera el inicio de los conflictos judiciales, reduciendo instancias de negociación entre propietarios e inquilinos.
El punto forma parte de una reforma más amplia que busca agilizar desalojos y acortar los plazos judiciales, en un contexto atravesado por la discusión sobre seguridad jurídica y el persistente problema del acceso a la vivienda.
Menos tiempo, más presión
El nuevo esquema genera tensiones incluso dentro del propio universo de propietarios. Desde la Cámara de Propietarios advierten que un plazo de apenas tres días podría resultar insuficiente incluso en casos donde existe voluntad de pago, ya que limita la posibilidad de resolver situaciones sin judicialización.
Actualmente, el plazo de diez días permite en muchos casos evitar el conflicto. Con la reducción, el proceso se vuelve más rígido y empuja más rápidamente hacia instancias judiciales, con costos para ambas partes.
Cambios de fondo
El proyecto no se limita al plazo de intimación. Propone una transformación integral del sistema de desalojos:
- Todos los casos pasarían a tramitarse por juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido.
- Se habilitaría la desocupación anticipada del inmueble antes de la sentencia final.
- Los jueces deberían resolver en plazos muy breves.
- Se permitirían desalojos con fuerza pública incluso en días y horarios inhábiles.
- Se limitarían las pruebas en juicios por falta de pago para evitar demoras.
- Se incorporaría el domicilio electrónico como canal válido de notificación.
Además, en la práctica se elimina la posibilidad de frenar un desalojo mediante el pago de la deuda, lo que endurece el proceso y reduce las herramientas de defensa.
Debate jurídico y social
Desde el ámbito legal, especialistas advierten que la iniciativa se mueve en un terreno delicado. Si bien la propiedad privada tiene protección constitucional, la regulación de su ejercicio debe equilibrarse con otros derechos, como el acceso a la vivienda.
También señalan que la aplicación concreta dependerá de los jueces, lo que puede generar criterios dispares y cierta incertidumbre en la implementación.
Impacto en los inquilinos
Organizaciones del sector sostienen que el proyecto configura uno de los esquemas más duros en materia de desalojos. El plazo de tres días, sumado a procesos abreviados y menor margen de defensa, deja a los inquilinos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Advierten, además, que el proyecto no contempla mecanismos como la posibilidad de frenar el desalojo mediante el pago de la deuda, una herramienta presente en otras legislaciones.
Un mercado bajo presión
El contexto económico amplifica el impacto de la discusión. Con ingresos deteriorados e inestabilidad laboral, la capacidad de respuesta ante atrasos es cada vez menor.
En ese escenario, un sistema más ágil podría derivar en mayor rotación de inquilinos y condiciones más exigentes para acceder a un alquiler. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que una mayor previsibilidad judicial incentive la oferta.
El debate en el Congreso definirá el alcance final de la norma. En juego está un equilibrio complejo: fortalecer derechos de propiedad sin profundizar la fragilidad habitacional en un mercado ya tensionado.
