General Pico (2b Norte) – Un insólito y grave episodio de amedrentamiento judicial en General Pico culminó con la condena de un hombre de 40 años que fingió ser un funcionario del Ministerio Público Fiscal para coaccionar a una víctima de abuso. El juez de control Diego Ambrogetti convalidó un acuerdo de juicio abreviado que impone una sanción penal por haber intentado forzar la retractación de una denuncia legítima.
El imputado, identificado como Alfredo Ezequiel Micha, fue sentenciado a dos años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de los delitos de usurpación de autoridad y coacción en concurso real.
La maniobra: identidad falsa y presión psicológica
El hecho se desencadenó el 16 de octubre de 2025, cuando Micha se contactó telefónicamente con la víctima —quien había denunciado un abuso sexual el mes anterior— presentándose falsamente como «García», secretario de un inexistente fiscal de Santa Rosa.
El engaño: El condenado citó a la mujer en una cafetería bajo el pretexto de «cerrar casos» pendientes relacionados con su denuncia.
La amenaza: Durante el encuentro, Micha le exigió que grabara un video retractándose de sus acusaciones. Le advirtió que, si no lo hacía, sería imputada por falso testimonio, mientras que, si cumplía, la causa se terminaría debido a su «buena conducta» y falta de antecedentes.
La resistencia de la víctima: A pesar de la insistencia del falso funcionario para que grabara el video en el lugar o dentro de su vehículo, la mujer logró retirarse alegando nerviosismo, aunque en realidad sospechó de la situación y decidió no ceder a la presión.
Fundamentos del fallo
El juez Ambrogetti destacó en su sentencia que Micha utilizó una investidura judicial inexistente para inspirar una falsa autoridad e intimidar a la damnificada. «Mintió, usurpando esa identidad judicial para obligar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad y en beneficio de la persona denunciada por abuso», concluyó el magistrado.
El fallo fue resultado de un acuerdo entre el fiscal general Armando Agüero, el defensor particular José Mario Aguerrido y el propio imputado. La víctima prestó su conformidad tras ser informada de los alcances de la condena.
Además de la pena de prisión en suspenso, Micha deberá cumplir durante dos años con las siguientes reglas: fijar domicilio y dar aviso ante cualquier modificación; someterse al control de la Unidad de Abordaje y Orientación para personas en conflicto con la ley penal.
Al no poseer antecedentes condenatorios previos, el monto de la pena se ajustó a los límites legales del proceso abreviado, garantizando una respuesta judicial inmediata ante un ataque directo a la transparencia de la administración pública y la integridad de las víctimas.
