Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto para recortar el régimen de subsidios al gas de la ley de Zonas Frías y restringirlo a la Patagonia, Malargüe, la Puna y sectores vulnerables. La iniciativa se inscribe en la estrategia oficial de reducción del déficit fiscal y reordenamiento del sistema energético, pero abre un nuevo frente de conflicto con provincias y sectores medios que perderán el beneficio.
El argumento central del Ejecutivo es técnico y fiscal: el esquema actual resulta insostenible. Según los fundamentos del proyecto, el recargo del 7,5% destinado a financiar los subsidios no alcanza a cubrir el régimen ampliado en 2021, lo que derivó en una ruptura de la cadena de pagos entre distribuidoras y productores. En otras palabras, el sistema dejó de cerrar y empezó a generar deuda.
El cambio implica volver a un esquema más acotado, similar al previo a 2021, pero con un componente adicional: la focalización socioeconómica. A través del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), solo accederán al beneficio quienes pertenezcan a sectores específicos como beneficiarios del ReNaBap, veteranos de Malvinas o familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas.
La decisión no es menor. En provincias como La Pampa, donde amplios sectores habían sido incorporados al régimen de zona fría, el recorte impactará directamente en la clase media, que quedará fuera del esquema de asistencia. El Gobierno apuesta a instalar la idea de “equidad” en la distribución del gasto, pero en los hechos redefine quién paga el costo del ajuste.
Otro punto relevante del proyecto es el cambio en la base de cálculo del subsidio: dejará de aplicarse sobre el total de la tarifa y pasará a concentrarse exclusivamente en el precio del gas. Además, los pagos se canalizarán directamente a distribuidoras y subdistribuidoras para evitar desfasajes financieros.
En paralelo, la iniciativa incluye un capítulo para saldar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante años de congelamiento tarifario. A cambio, las empresas deberán desistir de reclamos judiciales, lo que marca un intento de cerrar frentes abiertos en el sector energético.
En contraste con el recorte en subsidios, el proyecto extiende hasta 2045 los beneficios impositivos para energías renovables. La medida busca incentivar una matriz más limpia, aunque también expone una tensión: mientras se ajusta el gasto en consumo, se sostienen incentivos de largo plazo para la inversión.
El oficialismo presenta el paquete como un paso necesario hacia la “responsabilidad fiscal”. Sin embargo, la discusión de fondo es política: quién absorbe el impacto del ordenamiento. En ese reparto, las zonas intermedias —ni extremas ni vulnerables— vuelven a quedar en el medio.
Para provincias como La Pampa, el debate no será solo técnico sino también territorial. El frío no desaparece por decreto, pero el subsidio sí.
