Santa Rosa (2b) – El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, envió al Concejo Deliberante un informe técnico para sumar herramientas al tratamiento que el Concejo Deliberante va a encarar para decidir la viabilidad del proyecto urbanístico del Santa Rosa Rugby Club. La iniciativa contempla la creación de 177 parcelas en un predio ubicado sobre el acuífero Anguil-Santa Rosa.
El documento fue elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, bajo la firma de su titular Walter Boneff, y remitido a la presidenta del cuerpo legislativo, Romina Montes de Oca. El texto funciona como un aporte técnico de cara a la audiencia pública obligatoria convocada para el próximo 16 de junio.
El informe técnico se confeccionó para respaldar el pedido de reclasificación del suelo, el cual busca cambiar la categoría del predio de Área de Urbanización Futura (AUF 9b) a Área de Urbanización Prioritaria (AUP), un requisito indispensable para habilitar el loteo. Al encontrarse sobre el acuífero, esta modificación requerirá una mayoría especial de dos tercios de los votos en el recinto legislativo.
Según defendió Boneff, el nuevo Código Urbano Ambiental aprobado en 2023 brinda un marco de mayor control institucional. «El procedimiento actualmente en curso no rompe la tradición de protección del acuífero: la formaliza e institucionaliza con controles más estrictos que los que existían anteriormente», argumentó el funcionario.
Rigurosos controles e intervención de la Provincia
El proyecto no solo se ajusta a las normativas municipales, sino que por ley provincial debe ser auditado por la Secretaría de Recursos Hídricos. Para obtener la validación final del Gobierno de La Pampa, el club deberá cumplimentar:
- Estudios hidrogeológicos avanzados y balances hídricos.
- Conformación de consorcios de usuarios y sistemas de monitoreo de aguas subterráneas.
- Aprobación de los sistemas de saneamiento y superar una Evaluación de Impacto Ambiental completa.
Parámetros restrictivos de construcción
El informe municipal resalta que el diseño de esta urbanización contempla parámetros mucho más severos y restrictivos que cualquier desarrollo residencial convencional para garantizar el bajo impacto ambiental:
Baja densidad: Se fija un máximo de 50 habitantes por hectárea, cifra menor a la de otros distritos.
Dimensiones y altura: Los lotes mínimos serán de 600 metros cuadrados, con una altura máxima edilicia de 9 metros y la prohibición absoluta de levantar viviendas multifamiliares (edificios o complejos).
Sustentabilidad: Se exigirá la forestación con especies autóctonas, una ocupación reducida del suelo, construcciones bioclimáticas y sistemas para la recuperación y aprovechamiento del agua de lluvia.
Infraestructura: Incluye de forma obligatoria redes de agua potable, desagües pluviales y una planta compacta propia para el tratamiento de líquidos cloacales.
Cesión récord de espacios públicos
Otro de los ejes centrales del dictamen radica en la cantidad de tierras que el club cederá al municipio. Mientras que el Código Urbano exige una cesión de entre el 15% y el 30%, el proyecto del Santa Rosa Rugby Club propone destinar el 39,47% de la superficie total a espacios verdes, plazas, equipamiento comunitario y al reconocimiento de las propias instalaciones del club como equipamiento deportivo público preexistente.
Asimismo, el informe aclaró que en esta instancia no corresponde realizar aportes al Banco Municipal de Tierras, ya que dicha exigencia rige únicamente para áreas ya clasificadas originalmente como Urbanización Prioritaria que superen las 5 hectáreas, y no para las zonas AUF.
El debate por el acuífero
El escrito de la Secretaría de Obras Públicas reconoce explícitamente el carácter estratégico del acuífero Anguil-Santa Rosa y los daños históricos que la falta de planificación causó en otros sectores. Sin embargo, diferencia este proyecto al señalar que las medidas de mitigación y saneamiento propuestas previenen dichos impactos negativos.
De cara al tratamiento legislativo, Boneff concluyó que la audiencia pública del 16 de junio será el «ámbito institucional adecuado» para que las universidades, especialistas, colegios profesionales y vecinos debatan y aporten elementos que les permitan a los concejales tomar una decisión informada.
