Santa Rosa (2b)- En otra prolongada sesión ordinaria, los diputados de la provincia aprobaron la Ley por la que se declara de Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en el ámbito de la provincia de La Pampa.
Tras la aprobación, la diputada Patricia George hizo uso de la palabra y enumeró algunas de las situaciones que, según indicó, reflejan el agravamiento del problema: «escuchamos hablar de guardias saturadas, aumento de consumos problemáticos, intentos de suicidio, falta de psicólogos, de psiquiatras, de equipos agotados y de familias desesperadas buscando respuestas que muchas veces el sistema no logra dar con la rapidez necesaria».
Y agrego: «Las decisiones del Gobierno Nacional generan consecuencias profundas sobre la salud mental de nuestra población», sostuvo.
George también señaló que «el ataque permanente a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores, el vaciamiento de programas nacionales, la falta de medicamentos, las obras sociales sin cobertura, el deterioro del sistema de salud, la pérdida de empleo y el cierre de fábricas» impactan directamente sobre la salud mental de las personas.
Por ello, remarcó que «esta emergencia no puede analizarse solo desde una mirada sanitaria», sino que se trata de «una crisis profundamente social y humana».
Asimismo, destacó que el proyecto fue elaborado «entre muchos legisladores de esta Cámara junto al Ejecutivo» con el objetivo de «fortalecer herramientas concretas frente a esta emergencia».
En otro tramo de su exposición, la diputada defendió los mecanismos de control y seguimiento previstos en la iniciativa. «Este proyecto incorpora mecanismos concretos de control, seguimiento y transparencia institucional», explicó, y precisó que el artículo 5° crea «una mesa de trabajo para la implementación y monitoreo del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental», con representación legislativa.
«Los legisladores y legisladoras podrán controlar, monitorear y exigir información sobre cada una de las acciones y recursos que se vayan a ejecutar», indicó.
«Por eso no estamos frente a un cheque en blanco para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Estamos frente a una herramienta institucional seria, con control legislativo, seguimiento político y responsabilidad pública», subrayó.
George también destacó «la actitud de quienes eligieron abordar este tema con responsabilidad y diálogo», y mencionó especialmente a la diputada radical Gisela Cuadrado, quien «cuando tuvo dudas o inquietudes sobre este proyecto solicitó reuniones con el Poder Ejecutivo y recibió explicaciones técnicas que permitieron realizar aportes incorporados a esta iniciativa».
Finalmente, sostuvo que «la salud mental no se resuelve desde un eslogan ni desde una especulación partidaria», sino «desde la presencia, la responsabilidad, la sensibilidad y la decisión política».
Por su parte, la jefa del bloque de PRO, Laura Trapaglia sostuvo que, si bien desde la oposición reconocen la problemática, consideran que la iniciativa requiere «mayor precisión y fundamentación».
«Si hay un área que merece realmente políticas públicas serias, basadas en datos, evidencias, planificación, control, rendición de cuentas y focalización, es la salud mental», expresó.
En ese sentido, afirmó que desde su espacio político «reconocemos el problema» y que comparten «profundamente la preocupación por el sufrimiento de miles de pampeanos y sus familias».
«La salud mental no es un tema partidario, aunque así lo quieran hacer ver. Es un tema humano que nos debe unir por encima de las diferencias», remarcó.
No obstante, Trapaglia señaló que «no podemos conformarnos con buenas intenciones» y advirtió que, aunque comparten los objetivos de la propuesta, consideran que el proyecto «requiere mayor precisión y fundamentación para ser verdaderamente efectivo».
Asimismo, cuestionó algunos aspectos de la iniciativa y sostuvo que «no encontramos realmente una justificación adecuada ni suficiente para declarar la emergencia, para crear cargos sin especificación alguna ni comprometer recursos sin la información y los controles necesarios».
Finalmente, subrayó que «la responsabilidad de esta Cámara no se limita a acompañar buenas voluntades», sino que «la obligación es analizar si las herramientas propuestas son las adecuadas para alcanzar los objetivos que decidimos perseguir».
Posteriormente, León Nicanoff indicó que el proyecto contempla herramientas concretas para fortalecer el sistema de atención y sostuvo que «acá se está cuestionando un proyecto de Ley que involucra infraestructura, cargos, capacitación, etcétera», en referencia a los distintos aspectos que contempla la propuesta impulsada por el oficialismo.
En ese sentido, destacó las exposiciones realizadas previamente durante el debate y afirmó que la diputada Patricia George «describió de manera excelente» la situación que atraviesa el sistema de salud mental en la provincia.
Asimismo, cuestionó que algunos sectores políticos no acompañen la iniciativa y propuso contrastar la situación de La Pampa con políticas implementadas en otros distritos. «Quería contrastar la realidad de la provincia de La Pampa con lo que se ha dicho hoy», expresó, y apuntó particularmente contra la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nicanoff sostuvo que en la Ciudad «el Hospital Borda y el Hospital Moyano, que han sido hospitales de excelencia en el tratamiento de los trastornos mentales, hoy están desmantelándose y siendo incorporados a negocios inmobiliarios». Además, vinculó esas políticas a sectores del PRO y afirmó que esos proyectos se desarrollan «de la mano del socio del presidente actual, el señor Elztain».
Por otra parte, el legislador también cuestionó discursos vinculados al consumo problemático y al narcotráfico. «Después de escuchar hablar tanto de cannabis, yo trataría de tener coherencia», expresó, y apuntó contra dirigentes nacionales a quienes vinculó políticamente con sectores cuestionados por presuntos hechos relacionados con el narcotráfico.
En tanto, hizo referencia al debate internacional sobre políticas antidrogas y sostuvo que «los especialistas en el mundo están diciendo que hace rato se perdió la guerra contra las drogas». Además, consideró que ese enfoque «ha sido un negocio de Estados Unidos y de la DEA».
Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de esas políticas en otros países de la región y afirmó que «trajeron 220 mil muertos en México y decenas de miles de muertos en Colombia», al tiempo que cuestionó que algunos sectores políticos nacionales pretendan adherir a ese tipo de estrategias.
La legisladora María Luz Alonso, se sumó al debate y cuestionó las críticas realizadas al proyecto y consideró que poner en duda la necesidad de la emergencia «genera un poco de ruido», ya que, según sostuvo, existen datos concretos que justifican la iniciativa. En ese marco, enumeró estadísticas provinciales que reflejan el crecimiento de la demanda en salud mental: «desde el 2021 al 2025 las consultas de personas sin obra social aumentaron un 48,3%; se sumaron más de 300 atenciones al sistema público; la presión en hospitales y centros de salud subió un 50%; las internaciones aumentaron un 53%; las consultas ambulatorias un 40%; y las atenciones por guardia de salud mental un 82%».
«¿No está justificado entonces un proyecto declarando la emergencia?», planteó, al tiempo que advirtió que la provincia también registra un incremento en los índices de suicidio adolescente, con una tasa de «13,4 cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional».
Alonso vinculó además la crisis de salud mental con el contexto económico y social. «La crisis de salud mental es una consecuencia de la pandemia, pero también es una consecuencia de la crisis económica», afirmó. En ese sentido, sostuvo que no se puede desconocer «la caída de la cobertura del PAMI para nuestros viejos» y señaló que «cayó en un 23% el consumo de medicamentos de salud mental, no porque se curaron, sino porque no los pueden pagar».
También criticó las políticas nacionales y advirtió sobre el impacto económico en la población. «Ayer mismo vimos en el Congreso cómo nefastamente se votó para reducir el subsidio al gas en nuestra zona patagónica. Eso significa que la gente va a tener que destinar más plata para pagar tarifas», expresó.
En otro tramo de su discurso, defendió el rol del Estado provincial frente al retiro de políticas nacionales y señaló que «cuando un Estado más chico se tiene que ocupar de algo es porque otro Estado más grande lo abandonó».
La diputada también respondió a los cuestionamientos sobre el financiamiento de la emergencia y reclamó coherencia en el debate legislativo. «Me pongo muy contenta de escuchar que hay preocupación por de dónde va a salir la plata. Pero la responsabilidad fiscal tiene que ser para todo», sostuvo, y comparó la situación con otros proyectos aprobados por unanimidad que tampoco especifican partidas presupuestarias.
