Buenos Aires (2b) – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este viernes que el Gobierno nacional “cumple con todas sus obligaciones” respecto al financiamiento universitario y calificó como “falsa” la denuncia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre un presunto desfinanciamiento de hospitales universitarios.
La declaración se dio luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.
Durante una conferencia de prensa, Adorni defendió la política fiscal del gobierno libertario y sostuvo que mantener el equilibrio fiscal evita “más impuestos o emisión monetaria”, lo que —afirmó— deriva en “más inflación o más pobreza”.
En ese marco, el funcionario acusó a sectores políticos y universitarios de intentar instalar que la gestión de Javier Milei busca “desfinanciar” o “cerrar” las universidades públicas. Según indicó, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales.
Además, comparó la situación actual con la gestión de Alberto Fernández y aseguró que durante el anterior gobierno los fondos se transferían con demoras de hasta cuatro meses y en un contexto de inflación anual del 211,4%. “Hoy los pagos se realizan mensualmente y la inflación es del 31,5%”, afirmó.
Sobre los hospitales universitarios, Adorni rechazó el reclamo de la UBA y explicó que la casa de estudios solicita una ampliación presupuestaria de más de 75 mil millones de pesos, equivalente —según señaló— al 94,5% del presupuesto destinado a hospitales universitarios de todo el país.
“Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, cuestionó.
Por último, en la previa de la movilización universitaria convocada para el 12 de mayo, el jefe de Gabinete pidió “sentido común y sensatez” y aseguró que el Gobierno considera a la educación y la salud como “derechos fundamentales, inalienables y universales”.
