Buenos Aires (2b) – Galperín suma así otro beneficio fiscal. La medida también favorece a las criptomonedas.
El Gobierno volvió a mover una pieza sensible del tablero tributario para beneficiar a las criptomonedas y las billeteras digitales, un sector fetiche para los libertarios.
Mediante el Decreto 475 publicado este jueves en el Boletín Oficial, Javier Milei amplió las exenciones del impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque a las finanzas digitales, según informó La Política Online.
En los considerandos, el Gobierno argumenta que la medida busca «adecuar la normativa» a los avances tecnológicos, pero lo concreto es que el Gobierno decidió sacar el impuesto a actores centrales del ecosistema financiero digital como Mercado Pago del empresario libertario Marcos Galperin o la ascendente Lemon.
Mercado Pago que forma parte del ecosistema de Mercado Libre es beneficiada por la norma porque esta inscripta en la CNV como una Alyc bajo el nombre de Mercado Pago Asset Management SA.
Galperin que tiene una de las empresas más rentables de Latinoamérica, suma así otro beneficio fiscal que se acumula con los más de 200 millones de dólares que se ahorra anualmente en impuestos por un régimen especial que le otorgó el macrismo y continúa vigente.
Es que la excepción del impuesto al cheque alcanza a cuentas utilizadas en forma exclusiva por empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y cobranzas por cuenta de terceros.
Pero Mercado Pago no fue el único beneficiado. La medida también busca favorecer especialmente a las criptomonedas. El decreto incorpora una exención específica para las cuentas utilizadas por los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, conocidos como PSAV. La condición es que estén inscriptos en el registro de la Comisión Nacional de Valores y que las cuentas también figuren en el registro previsto por la resolución de AFIP 3900, hoy bajo la órbita de ARCA.
Según explicó el portal citado, en los hechos, las empresas cripto dejan de pagar el impuesto al cheque sobre las cuentas exclusivas que usan para sus operaciones específicas. Es un cambio relevante porque ese sector había quedado alcanzado por un tratamiento especial desde 2021, cuando el Decreto 796 excluyó a las operaciones con criptoactivos de las exenciones que sí tenían otros actores financieros.
La decisión también beneficia a empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito. En ese caso, la exención aplica para débitos originados en préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y para créditos y débitos generados en la emisión y cancelación de obligaciones negociables con el mismo fin.
El tercer grupo alcanzado son las transportadoras de caudales. El decreto exime las cuentas utilizadas para rendir a sus titulares el dinero efectivo recaudado, siempre que las empresas estén inscriptas en el registro de transportadoras de valores administrado por el Banco Central.
La medida fue leída por la oposición como una nueva señal de privilegio fiscal hacia sectores financieros. El diputado nacional y especialista tributario Guillermo Michel apuntó contra el criterio del Gobierno. «El gobierno sigue bajando impuestos… A las criptomonedas, billeteras virtuales y empresas de caudales para transportar efectivo. El Decreto 475 exime a esos sectores del Impuesto al Cheque. HOOD ROBIN Fiscal», escribió.
En la misma línea, el ex diputado Alejandro «Topo» Rodríguez sostuvo que se trata de «una concesión objetiva del Gobierno a los sectores de fintech y criptoactivos, que forman parte de la estrategia oficial de desregulación financiera y promoción de nuevas tecnologías». Y marcó el contraste: «Las pymes, los comercios, los pequeños productores de todo el país y los profesionales independientes que operan por los canales bancarios tradicionales seguirán pagando ese tributo».
El impuesto al cheque no es un detalle menor en la estructura de costos de una empresa. La alícuota general es de 0,6% para los débitos y 0,6% para los créditos. En una operación comercial bancarizada, el costo puede llegar al 1,2%. Para una pyme con márgenes chicos, ese peaje funciona como una ventanilla que cobra por entrar y por salir.
Por eso el antecedente inmediato de la CNV aparece ahora con otra luz. A mediados de mayo, el organismo había dictado la Resolución General 1139. Fue una norma celebrada por el mercado de capitales y por muchas pymes porque flexibilizaba la operatoria con cheques físicos y electrónicos dentro de las sociedades de bolsa.
Esa resolución quitó el límite operativo que restringía a dos pagos diarios con cheques físicos o E-Cheqs que los agentes de liquidación y compensación podían hacer a sus clientes. Además, habilitó que los E-Cheqs pudieran endosarse sin límite hacia cuentas comitentes de las sociedades de bolsa, siempre con trazabilidad.
La clave estaba en el efecto impositivo. Al canalizar fondos y depositar cheques directamente en cuentas de inversión, las pymes podían usar un circuito legalmente exento del impuesto a los débitos y créditos. No era magia ni clandestinidad. Era una puerta normativa dentro del propio mercado formal para aliviar el costo del 1,2%.
Pero la ventana duró poco. Apenas una semana después, la CNV dio marcha atrás con la Resolución General 1141. El organismo repuso el límite de dos pagos de fondos por día y por cliente mediante cheques físicos o electrónicos. La exención técnica de las cuentas comitentes siguió vigente, pero la traba operativa volvió a poner un embudo en el circuito.
En el mercado lo leyeron como una rectificación apresurada. La explicación oficial fue que había que reforzar la trazabilidad y evitar conductas disvaliosas. Sin embargo, tributaristas y operadores señalaron que la nueva resolución recortó una flexibilización que servía para que las pymes bajaran una carga pesada sin salir del sistema formal.
«Para una pyme, el impuesto al cheque no es una discusión doctrinaria. Es caja diaria», resumió a LPO una fuente del mercado de capitales. «Si se permite ordenar ese flujo por cuenta comitente, muchas empresas respiran. Si se limita la operatoria, el alivio queda para pocos», agregó.
El contraste es el dato político. Cuando el atajo podía servir a pymes, comercios y productores para reducir un impuesto distorsivo, el alivio se acotó. Cuando el beneficio alcanza a criptomonedas, fintech, tarjetas y caudales, el Gobierno firmó un decreto de exención directa.
«En nombre de la modernización financiera, el Gobierno baja impuestos a sectores con alta capacidad de lobby y deja adentro del corral tributario a quienes operan por los canales tradicionales», concluyó el ejecutivo de un banco importante.
