Santa Rosa (2b) – El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desmintió de manera categórica las versiones que circularon durante las últimas horas sobre un supuesto allanamiento de la Justicia Federal en la Casa de Gobierno provincial y el secuestro de una computadora de su propiedad. Además, atribuyó la difusión de esa información a una maniobra política impulsada desde sectores del peronismo vinculados al exministro de Justicia, Martín Soria.
La reacción del mandatario llegó luego de que distintos medios replicaran una publicación que sostenía que una comisión judicial federal había realizado un operativo en Viedma en el marco de una investigación relacionada con Juan Pablo Beacon, mencionado en una causa vinculada a la conducción de la AFA.
«Es totalmente falso», afirmó Weretilneck al rechazar las versiones. Según sostuvo, no existió ningún allanamiento ni en dependencias oficiales ni en ámbitos privados vinculados a su persona. También aseguró que jamás recibió requerimientos judiciales relacionados con la causa mencionada y negó mantener vínculos con Beacon.
El gobernador fue más allá y vinculó la difusión de la noticia con una estrategia política opositora. Sin nombrarlo directamente, apuntó contra Soria al señalar que se trata de una metodología que ya habría sido utilizada en otras oportunidades. «No es la primera vez que lo hace», sostuvo durante una entrevista radial.
Desde el gobierno rionegrino se lanzó además una ofensiva comunicacional para desacreditar la información. Funcionarios y cuentas oficiales difundieron mensajes calificando el episodio como «fake news» y defendiendo la transparencia de la gestión provincial.
La controversia se produce en un contexto de creciente tensión política en Río Negro, donde el oficialismo provincial y el peronismo mantienen una fuerte confrontación de cara al escenario electoral de 2027. En ese marco, Weretilneck interpretó la circulación de la versión como un intento de dañar a su gestión en momentos de alta exposición pública.
Hasta el momento no trascendieron documentos judiciales ni confirmaciones oficiales que acrediten la realización del supuesto allanamiento. Mientras tanto, la polémica ya se instaló en el centro de la escena política rionegrina, transformando una versión judicial en un nuevo capítulo de la disputa entre el gobernador y sus principales adversarios.
