Buenos Aires (2b) – El Senado de la Nación aprobó esta semana 74 pliegos para cubrir vacantes en distintos cargos de la Justicia federal, en una votación que dejó expuestas las alianzas políticas que sostienen al gobierno de Javier Milei y reavivó cuestionamientos sobre los vínculos entre el Poder Ejecutivo y sectores de la denominada “familia judicial”.
Entre los nombramientos avalados por la Cámara alta aparecen funcionarios judiciales cercanos a magistrados que intervienen en expedientes de alto impacto político, incluyendo investigaciones que involucran al entorno presidencial y a funcionarios nacionales.
Uno de los casos más comentados fue el de María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini, quien obtuvo acuerdo para convertirse en jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3. Su pliego fue aprobado con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que fue rechazado por senadores peronistas.
También fue avalada la designación de Javier Arzubi Calvo, ex secretario del juez Ariel Lijo, como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín. Lijo interviene en investigaciones vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en denuncias relacionadas con la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.
Otro de los nombramientos que despertó debate fue el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien fue propuesta para ocupar un juzgado de primera instancia en Hurlingham. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la investigación de la denominada causa Libra, vinculada a la promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei.
La sesión también incluyó la aprobación del pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, además de otros postulantes con vínculos familiares con integrantes históricos del Poder Judicial.
Desde distintos sectores de la oposición cuestionaron que varios de los ascensos aprobados consolidan una estructura de relaciones familiares y políticas dentro de la Justicia federal, mientras el Gobierno busca fortalecer acuerdos parlamentarios para avanzar con nombramientos estratégicos.
La votación volvió a poner en discusión los mecanismos de selección de magistrados y el peso que conservan los vínculos personales y corporativos dentro del sistema judicial argentino, en un contexto marcado por investigaciones sensibles para la administración libertaria.
