Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo para actualizar salarios docentes y no docentes y garantizar partidas para el funcionamiento de las casas de estudio. Sin embargo, el conflicto por el financiamiento universitario está lejos de cerrarse y continuará en el ámbito judicial.
Tras semanas de negociaciones y tensión entre la administración de Javier Milei y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las partes acordaron una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos: un 21,33% que se aplicará en julio y un 3% adicional en octubre.
El entendimiento también incluye un incremento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios.
Según trascendió, la actualización salarial busca compensar parte de la pérdida acumulada durante los últimos años. El acuerdo recibió el aval de los gremios universitarios, que venían reclamando una urgente convocatoria a paritarias.
Desde el Gobierno celebraron el entendimiento y sostuvieron que lograron sostener su objetivo de equilibrio fiscal sin ampliar la oferta presentada en las negociaciones. En la Casa Rosada consideran que la necesidad de recursos para el funcionamiento de las universidades terminó inclinando la balanza a favor de un acuerdo.
No obstante, los rectores aclararon que el pacto salarial y presupuestario no implica el cierre del conflicto. Las universidades mantendrán su reclamo para que la Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el presidente Milei y cuya situación permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) valoró el resultado de las negociaciones, aunque advirtió que la recuperación salarial aún está lejos de completarse. La organización destacó que la convocatoria a paritarias fue consecuencia de la movilización sostenida del sector y remarcó que continuarán los reclamos para recuperar el poder adquisitivo perdido.
El acuerdo descomprime un conflicto que amenazaba con nuevas medidas de fuerza y movilizaciones en todo el país, pero deja abierto el debate de fondo sobre el financiamiento de la educación superior pública, uno de los principales puntos de confrontación entre el Gobierno libertario y el sistema universitario argentino
