Santa Rosa (2b) – La discusión en torno al vencimiento de la concesión del yacimiento El Medanito sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política e institucional, pero que no proviene de la oposición sino del mismo bloque del FREJUPA. La diputada Noelia Sosa —alineada al vernismo—, ratificó su absoluto rechazo al Informe Final Ambiental (IFA) presentado por la empresa PCR.
Tras haber participado de la audiencia pública del área hidrocarburífera junto al abogado Alejandro Gigena, la legisladora emitió un duro pronunciamiento técnico y legal, apuntando contra las falencias de la compañía y la falta de control por parte de las autoridades del Ejecutivo provincial.
A través de un documento público, la legisladora oficialista fundamentó su postura argumentando que la presentación de la petrolera posee baches legales insalvables. «Argumentamos que se ha violado –en forma total y flagrante– la Ley Provincial N° 3.018 y el Decreto Reglamentario 2.229/19 que regula los procedimientos de saneamiento ambiental de pozos hidrocarburíferos abandonados o a abandonar, situación que condiciona negativamente la aprobación del informe», alertó.
Sosa recordó que la normativa provincial declara de «interés público» el proceso de abandono de los pozos debido a los severos riesgos que reviste para el ecosistema pampeano:
Riesgo de contaminación: Explicó que si un pozo no se encuentra correctamente sellado, monitoreado y controlado, se convierte en un foco activo capaz de generar la migración de fluidos nocivos, afectando los acuíferos subterráneos, emitiendo gases y dañando la integridad del suelo.
Falta de acreditación: Según la legisladora, el documento de PCR «no informa ni deja constancia de que el saneamiento de las estructuras cumpla con la normativa que lo regula».
Suelos contaminados, costos ocultos y garantías a mitad de precio
La diputada basó gran parte de sus objeciones en informes técnicos internos que constan en el propio expediente administrativo del área de hidrocarburos. Entre los puntos más críticos, denunció el deficiente tratamiento de los residuos peligrosos y la contaminación de los suelos.
Sosa ventiló que la firma petrolera mantiene pendiente la presentación de los cronogramas ejecutivos y los costos integrales para tareas específicas de remediación que ya le fueron exigidas por los organismos competentes.
Garantías insuficientes: El punto de mayor controversia radica en el respaldo económico que ofrece la operadora. De acuerdo con Sosa, la empresa propone garantizar únicamente el 50% del monto estimado para la remediación total del yacimiento, una propuesta inviable dado que la legislación vigente exige asegurar de manera obligatoria el financiamiento de la ejecución completa de los planes de saneamiento.
Denuncia en la FIA y el pedido de investigar al propio Estado
La postura crítica de Sosa no es nueva y marca un distanciamiento con las carteras de control del gobierno provincial. Tiempo atrás, la diputada ya había radicado una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que se audite a fondo el cumplimiento de los pasivos ambientales y el abandono de los pozos en El Medanito.
Hacia el final de su descargo, la legisladora no solo ratificó que «no corresponde bajo ningún punto de vista la aprobación del IFA», sino que además elevó la apuesta exigiendo responsabilidades políticas directas:
«Dejamos formalmente planteada la necesidad de que se determine la eventual responsabilidad administrativa, funcional y legal de quienes, teniendo el deber de controlar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, permitieron que estas irregularidades llegaran hasta esta instancia», concluyó Sosa, abriendo un fuerte foco de discusión sobre el rol de las carteras ambientales y energéticas provinciales en el cierre de la concesión de PCR.
