Buenos Aires (2b) – El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en la implementación de un sistema de control sobre el origen de las semillas utilizadas en la producción agropecuaria, una medida impulsada por las grandes corporaciones semilleras y respaldada por Estados Unidos, pese al rechazo expresado por entidades representativas del sector.
A través de la Resolución Conjunta 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura establecieron un protocolo para verificar la identidad varietal de los granos mediante muestras tomadas en el primer punto de entrega, como acopios y puertos.
La medida había sido anticipada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y se inscribe en una agenda que busca fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual. Según especialistas del sector, el nuevo esquema replica experiencias previas como el sistema Bolsatech, utilizado para detectar variedades desarrolladas por la entonces Monsanto, hoy propiedad de la alemana Bayer.
Desde el Gobierno sostienen que los avances tecnológicos permiten identificar con precisión el origen varietal de los granos, facilitando la detección de posibles infracciones a la Ley de Semillas. Sin embargo, productores y entidades rurales cuestionan la iniciativa por considerarla costosa, burocrática y favorable a los intereses de las grandes compañías semilleras.
La decisión se conoce además en medio de las presiones para que Argentina adhiera al convenio internacional UPOV 91, una normativa promovida por Estados Unidos que amplía la protección de los obtentores de semillas y restringe prácticas históricas de los productores, como la reutilización de semillas de cosechas anteriores.
La Mesa de Enlace, junto a organizaciones como CREA y Aapresid, había presentado alternativas para actualizar la legislación vigente. No obstante, el Ejecutivo avanzó con la resolución antes de una nueva reunión con las entidades del campo, prevista para esta semana.
La medida reabre el debate sobre el equilibrio entre los derechos de las empresas desarrolladoras de biotecnología y la autonomía de los productores agropecuarios, en un contexto donde el Gobierno mantiene una política de fuerte alineamiento con los intereses económicos impulsados desde Washington.
