Buenos Aires (2b) – A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó decenas de normativas vinculadas al comercio interior y terminó de desactivar el andamiaje legal que durante más de una década permitió sostener esquemas de compras en cuotas con financiamiento promocionado, como el Ahora 12 o Cuota Simple.
Si bien ambos programas ya habían dejado de funcionar, la decisión implica el cierre formal de herramientas que fueron utilizadas por millones de consumidores para adquirir electrodomésticos, materiales para la construcción, indumentaria, muebles y otros productos de alto valor.
La medida se produce en un contexto de retracción de las ventas minoristas, salarios que continúan rezagados frente al costo de vida y un acceso al crédito que sigue siendo limitado para amplios sectores de la población.
Ahora 12 había sido creado en 2014 como un mecanismo para incentivar el mercado interno mediante planes de hasta 12 cuotas. Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia fue reemplazado por Cuota Simple, una versión más acotada que redujo la cantidad de cuotas disponibles y el alcance de los rubros incluidos. Meses después, el programa tampoco fue renovado.
Desde el Gobierno sostienen que el financiamiento debe quedar exclusivamente en manos del mercado y que los esquemas subsidiados generan distorsiones económicas. Bajo esa mirada, la eliminación de la normativa busca consolidar un modelo en el que el Estado no intervenga en las condiciones de acceso al crédito para el consumo.
Sin embargo, comerciantes y pequeñas empresas vienen advirtiendo desde hace meses sobre las dificultades para sostener las ventas sin herramientas de financiamiento accesibles. En muchos rubros, las cuotas se habían convertido en un factor decisivo para concretar operaciones, especialmente en productos cuyo valor supera ampliamente la capacidad de compra inmediata de los hogares.
La desaparición definitiva de estos programas también profundiza un cambio de orientación económica que deja atrás las políticas destinadas a estimular la demanda interna. Mientras el Ejecutivo apuesta a la desregulación y a la reducción de la intervención estatal, el mercado enfrenta el desafío de sostener el consumo en un escenario de ingresos ajustados y financiamiento cada vez más costoso.
La decisión se suma a otras medidas impulsadas por la administración libertaria que eliminaron programas de referencia para consumidores y comercios, en línea con una estrategia que prioriza la liberalización de los mercados por sobre los mecanismos de protección o incentivo al consumo.
