Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional dispuso este jueves una ampliación del Presupuesto 2026 superior a los 4 billones de pesos mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Entre las principales medidas, se destaca un incremento de más de $1,3 billones para el sistema universitario, en lo que representa el primer paso para cumplir con la medida cautelar que obliga a la administración de Javier Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y contempla una reasignación presupuestaria para el programa Desarrollo de la Educación Superior, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Del total de $1,33 billones asignados, el 98% estará destinado a transferencias para las universidades nacionales, mientras que el porcentaje restante será utilizado para el pago de becas estudiantiles. Todo el refuerzo será financiado con recursos del Tesoro Nacional.
La medida generó expectativas entre las universidades y los gremios docentes y no docentes, que aguardan que el Ejecutivo cumpla con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la cual dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo.
La Corte dejó firme la cautelar. El pasado 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la decisión de las instancias inferiores de la Justicia, que habían hecho lugar al amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Ese fallo obliga al Estado a garantizar el pago de la totalidad de los salarios adeudados a docentes y no docentes universitarios, además de asegurar los fondos correspondientes a las becas estudiantiles contempladas por la ley.
Desde las universidades estiman que la recomposición salarial pendiente ronda el 25%. Ese porcentaje surge luego del acuerdo firmado a fines de mayo, que otorgó un incremento del 21,3% y prevé un aumento adicional del 3% para octubre. La diferencia restante debería cubrirse mediante la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo.
El Gobierno admite que es el primer paso. Pese a la reasignación presupuestaria, desde la Casa Rosada aclararon que la transferencia de los fondos no será inmediata. Fuentes oficiales señalaron que la ampliación del presupuesto constituye el primer paso para cumplir con la cautelar judicial, aunque remarcaron que los desembolsos podrán concretarse en cualquier momento entre la publicación del decreto y el 31 de diciembre.
«Por estar la cautelar vigente, hemos recibido estos créditos para poder cumplirla. Pero esto podría darse entre mañana y el 31 de diciembre», indicaron desde el Ejecutivo.
Además, aclararon que la incorporación de estos recursos al presupuesto «no significa que vayamos a depositar rápidamente los fondos. Hoy no hay una decisión».
El conflicto por el financiamiento universitario. La disputa entre el Gobierno y las universidades comenzó tras la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo aprobada por el Congreso en 2025. Javier Milei vetó la norma, pero el Parlamento insistió con su aprobación mediante el respaldo de los dos tercios en ambas cámaras, dejando sin efecto el veto presidencial.
Según las universidades y los gremios, la falta de actualización salarial provocó una pérdida cercana al 50% del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes frente a la inflación, situación que buscó corregirse mediante la ley.
Más fondos para la SIDE y otros organismos. El DNU también contempla incrementos presupuestarios para distintos organismos del Estado. Entre ellos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibirá un refuerzo de $49.261 millones, convirtiéndose en una de las áreas con mayor aumento de recursos. El organismo está actualmente conducido por Cristian Auguadra, hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
También se aprobaron incrementos para:
- Poder Judicial: $111.138 millones.
- Ministerio Público: $230.460 millones.
- Ministerio de Salud: $158.349 millones.
- Poder Legislativo: $89.422 millones.
- Recortes en empresas públicas
La ampliación presupuestaria también incluyó recortes en algunas empresas estatales.
El ajuste más importante recayó sobre las partidas destinadas a Energía Argentina S.A. (ENARSA), que perderá $238.395 millones en transferencias corrientes.
Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) sufrirá una reducción de $65.000 millones en transferencias de capital.
Entre ambas empresas concentran un recorte de $303.395 millones, equivalente a casi el 87% del total de las reducciones contempladas en el decreto.
