Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará con custodia oficial pese a haber dejado el cargo. La decisión fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que la medida responde a «cuestiones de seguridad», en medio de la causa judicial que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier explicó que la protección, a cargo de la Policía Federal, se mantendrá de manera provisoria y podría extenderse hasta un año. La continuidad de ese beneficio vuelve a poner el foco sobre los privilegios que conservan algunos exfuncionarios aun después de abandonar sus cargos.
La salida de Adorni del Gobierno se produjo luego de que presentara su renuncia, argumentando haber recibido amenazas contra él y su familia en el marco de la investigación judicial. El propio presidente Javier Milei respaldó esa explicación al sostener que los ataques alcanzaron a la esposa e hijos del exfuncionario y justificó su decisión de abandonar el Ejecutivo.
La causa que enfrenta Adorni investiga un presunto enriquecimiento ilícito y también derivó en una pesquisa sobre gastos realizados desde la Jefatura de Gabinete. Entre los hechos bajo investigación figura la compra de un monitor gamer de más de dos millones de pesos, abonado con la tarjeta de crédito de la entonces directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, además de adquisiciones de ropa blanca por más de cuatro millones de pesos realizadas por la secretaria privada Gisela Kocsis.
Consultado sobre esas operaciones, Ravier descartó que el Gobierno haya iniciado una auditoría interna y sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades. «No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogue y evalúe», afirmó.
Mientras la investigación avanza en los tribunales, la decisión de mantener la custodia oficial para un exfuncionario investigado reaviva el debate sobre los privilegios que conserva parte de la dirigencia política incluso después de dejar el poder.
