Buenos Aires (2b) – El juez Rafecas ordenó medidas de prueba sobre Francisco como paso previo a una eventual indagatoria. Pagano denunció que la cúpula de Gendarmería ordenó que no pasen más informes de la custodia de Manuel en Indio Cuá.
Los hermanos Adorni siguen bajo la lupa de la justicia. El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga a Francisco Adorni, diputado provincial por La Libertad Avanza y hermano menor del exjefe de Gabinete, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. El juez busca más información sobre el patrimonio de Francisco, del que se sospecha que de mínima falsificó sus declaraciones juradas, especialmente la de 2025, que tuvo tres rectificaciones. Pese a que ya dejó su cargo, el tormento de Manuel no se termina: la diputada Marcela Pagano reveló que Gendarmería ordenó “no informar más las novedades de la custodia en Indio Cuá”, en relación al privilegio que seguirá teniendo el exvocero en su casa del Conuntry pese a que ahora pasó a ser sólo eso, un particular con muchas propiedades y varios problemas en Comodoro PY.
“El COU (cúpula de Gendarmería) ya no reporta nada”, posteó Pagano (una de las denunciantes del caso) en sus redes sociales, donde adjuntó una captura de chats donde se ve el pedido de la cúpula de la fuerza para no ventilar los movimientos de la custodia, que fueron admitidos por el propio Gobierno. “¿Por qué tanto secreto? Porque cuidan gratis a un particular investigado por enriquecimiento ilícito. Lo denuncié y ahora lo tapan. Tranquilos muchachos, mi compromiso sigue vigente y es con el pueblo, voy a seguir exponiendo a la casta y sus negociados», dijo Pagano.
Las medidas solicitadas por Rafecas buscan comprobar la legitimidad del incremento patrimonial Francisco como paso previo a definir si hace lugar al pedido de declaración indagatoria que formuló el fiscal federal Guillermo Marijuán, explicó el diario Página 12.
Francisco, en apuros
El juez envió un pedido de informes al Banco Provincia de Buenos Aires con el objetivo de tener un análisis completo de todos los pagos realizados por Adorni entre 2024 y 2026, correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos.
También hizo un requerimiento a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para que le envíe la última declaración jurada del hermano Adorni como legislador provincial, en tanto libró oficio al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para verificar los datos de titularidad, valuación y condiciones de ingreso al patrimonio de dos propiedades específicas, que habrían ingresado a su haber vía sucesión.
Los cruces de información apuntan a determinar la veracidad y origen de 21 millones de pesos que Adorni incorporó en una rectificación de su declaración jurada, en la que alegó que provenían de una sucesión, justo después de que se abriera la causa judicial.
Al solicitar la declaración indagatoria de Francisco Adorni, el fiscal Marijuán no sólo lo acusó de omisión maliciosa de documento público, sino que lo imputó por ocultar cuentas bancarias y bienes de forma deliberada, y destacó que por su profesión de perito contador y sus funciones previas en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires necesariamente conocía la confección de dichos documentos. Por otra parte, los montos rectificados por el legislador libertario respecto de la herencia recibida de su padre fallecido no son coincidentes con el informe de bienes patrimoniales expuestos por su hermano, el fenecido Manuel Adorni.
Según el dictamen del fiscal, Francisco Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), entre febrero de 2024 y enero de 2026, siempre durante la gestión libertaria. Tras el inicio de la causa, sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria y llegó a modificar valores claves como el precio de un inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
“El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”, advirtió la fiscalía. Cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces, según la acusación.
Por ejemplo, la declaración patrimonial de febrero de 2024 describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. En mayo de 2026, ya con la investigación en curso, declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”
Además hubo incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de 2025 informó que tenía “dinero en efectivo por 24.500.000 pesos, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además sumó detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares, tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.
En la última presentación rectificativa, fechada el 8 de junio último, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción. La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.
El hermano del ex jefe de Gabinete también es investigado en otra causa en Comodoro Py por supuesta malversación de fondos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades con un préstamo de 40.000 millones de pesos.
