Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional profundizó durante junio el ajuste sobre las provincias y la obra pública para sostener el equilibrio fiscal, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y el fuerte aumento del gasto en subsidios energéticos provocado por la suba internacional del precio de la energía.
Así lo reveló un informe de la consultora Analytica, que analizó la ejecución presupuestaria del mes pasado y detectó que, mientras los subsidios crecieron de manera significativa, la Casa Rosada volvió a descargar el ajuste sobre los gobiernos provinciales y la inversión en infraestructura.
Según el trabajo, las transferencias a las provincias se desplomaron un 88% en términos reales, mientras que la obra pública cayó un 75%, dos partidas que ya venían registrando fuertes recortes desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Más subsidios, menos fondos para las provincias. El estudio señala que el gasto primario aumentó un 3,4% interanual en junio, impulsado principalmente por un incremento del 71% en los subsidios energéticos.
La explicación radica en el encarecimiento internacional de la energía tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, que elevó los costos de generación y distribución y obligó al Estado a destinar más recursos para sostener el sistema.
Para compensar ese mayor gasto y preservar el superávit fiscal, el Gobierno ajustó otras partidas consideradas más flexibles.
Además de los recortes a las provincias y la obra pública, los salarios del sector público nacional también registraron una baja real del 1,4%, producto de aumentos salariales por debajo de la inflación y de la reducción de personal en distintas áreas del Estado.
La recaudación, el nuevo problema. El ajuste ocurre en medio de una caída sostenida de los ingresos tributarios, que comienza a convertirse en uno de los principales desafíos para el programa económico del Gobierno.
La consultora Outlier advirtió que los recursos tributarios destinados a la Nación disminuyeron 8,4% real en junio y 6,3% durante el primer semestre, situación que obliga a mantener una administración extremadamente restrictiva del gasto.
En la misma línea, LCG proyectó que la recaudación podría caer alrededor de 7% real durante todo 2026, debido al débil nivel de consumo, la desaceleración de la actividad económica y la reducción de distintos impuestos nacionales.
El costo fiscal se traslada a las provincias. El impacto también comenzó a sentirse en las finanzas provinciales. Según la consultora Vectorial, tras el equilibrio alcanzado en 2024 mediante fuertes recortes de gasto, las provincias vuelven a enfrentar un escenario complejo por la caída de la coparticipación y la reducción de las transferencias nacionales.
Para la firma, el Gobierno nacional está trasladando progresivamente las tensiones fiscales hacia los distritos subnacionales.
La conclusión del informe es que el superávit fiscal nacional se sostiene, en parte, mediante un ajuste que continúa descargándose sobre las provincias, la obra pública y otros gastos de inversión, mientras los recursos tributarios siguen mostrando señales de debilitamiento.
