Buenos Aires (2b) – Con el Congreso en pausa por el receso de invierno es inevitable realizar un balance sobre la producción legislativa del oficialismo en el primer semestre del año.
Durante ese período, el Gobierno logró sacar adelante leyes muy importantes como la reforma laboral, los cambios a la ley de Glaciares, y la media sanción del Super RIGI en Diputados.
La contracara de este diagnóstico es que el oficialismo se había propuesto avanzar a mucho más rápido y a fondo, y hasta el presidente Javier Milei había prometido en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo enviar paquetes de proyectos en forma de oleadas mensuales.
Nada de ello ocurrió, tanto por las sobreexpectativas de un presidente que creyó en su propia fantasía refundacional como por las recurrentes crisis políticas autoinfligidas que paralizaron la gestión, principalmente por la persistencia en el tiempo del caso Manuel Adorni.
A esa inercia atribuible a los errores no forzados del propio Gobierno debe agregarse un aspecto inherente a la lógica de realpolitik de toda democracia: las negras también juegan.
La oposición supo sacar rédito del estado de aturdimiento en el que quedó envuelto el Gobierno por el escándalo Adorni y encontró un elemento aglutinador para golpear al oficialismo.
Con el ex jefe de Gabinete en el ojo de la tormenta, sectores políticos que en condiciones normales actúan por andariveles distintos unieron lanzas para lastimar al Gobierno todos juntos y al mismo tiempo.
Esa agenda opositora logró tapar la agenda del oficialismo durante buena parte del primer semestre, poniendo un freno al ímpetu ultra reformista de la Casa Rosada.
Las conquistas legislativas
En la Cámara de Diputados la historia del primer semestre comenzó con las sesiones extraordinarias de febrero, y ya el 12 de aquel mes se votó el Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de imputabilidad a los 16 años.
A la semana siguiente, el 19 de febrero se aprobó una ambiciosa reforma laboral.
El 27 de febrero ambas iniciativas fueron convertidas en ley por el Senado
Al iniciarse el período 144 de sesiones ordinarias, la Cámara alta logró aprobar el 13 de marzo la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Esta iniciativa, que flexibiliza las condiciones de explotación económica en ambientes periglaciales, fue convertida en ley el 8 de abril en Diputados.
La siguiente sesión en la Cámara baja tuvo lugar el 20 de mayo, cuando se logró avanzar con las medias sanciones de la ley «Hojarasca» y la reducción geográfica del régimen de subsidios al consumo de gas por «zonas frías».
Ambas iniciativas permanecen atascadas en el Senado, donde representantes del Gobierno está maniobrando para intentar destrabarlas.
El 24 de junio, Diputados celebró su última sesión del semestre y fue muy fructífera porque además de convertirse en ley el aval al plan de pago a grupos de acreedores por la deuda residual del 2001 (la media sanción del Senado había llegado el 4 de junio), el Gobierno pudo sacar adelante su ansiada ley de Súper RIGI para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.
Este proyecto, orientado a proyectos de «industrias de frontera» como inteligencia artificial y biotecnología, aún debe convalidarse en el Senado, que pondrá el tema en agenda después de las vacaciones de invierno.
En Diputados, el único tema impulsado por el Gobierno que tuvo actividad en las semanas previas al parate invernal fue la ley anti barrabravas, que celebró algunas reuniones de comisión.
Con faja de clausura provisoria quedaron la ley de lobby, el proyecto para suscribir el acuerdo internacional en Patentes y los cambios a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Senado, por su parte, además de procrastinar la aprobación de la Ley Hojarasca y la reducción del régimen de subisidios al gas por zonas frías, y suspendió por cuarta vez la votación en el recinto del proyecto de «inviolabilidad de la propíedad privada».
Asimismo, dejó arrumbado, sin perpectiva alguna de resurgimiento, el proyecto con modificaciones a la ley de emergencia en Discapacidad.
El oficialismo, a su veiz, demostró que no tiene ningún apuro en empujar la nueva ley de Salud Mental, que ya concitó tres plenarios de comisión, ni tampoco en dar comienzo al tratamiento de los proyectos de derogación de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y de prevención de la ludopatía digital.
Nueva etapa
Pese a que el semestre terminó con el freno de mano puesto en relación a la mayoría de los temas que tienen estado parlamentario, el oficialismo se entusiasma con un segundo semestre parlamentario distinto a partir de agosto, aprovechando que el envión anímico de un Gobierno que recuperó imagen e iniciativa después de haberse desprendido del peso muerto que significaba Adorni.
El debate del Presupuesto 2027, condicionado por el envío de un proyecto de «shutdown» del Estado, sumado a la reforma electoral, y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, conforman el núcleo del repertorio inicial con el que el Gobierno busca despegar en materia legislativa.
Esa agenda se podría nutrir además de algunos de los temas pendientes como la nueva Ley de Sociedades Generales que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
