Buenos Aires (2b) – El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Sistema Simplificado del Impuesto a las Ganancias e incentivar el ingreso de dólares que permanecen fuera del circuito financiero formal.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei junto a integrantes de su gabinete, será tratada durante la primera semana de agosto. Para lograr su aprobación, La Libertad Avanza deberá negociar con bloques aliados, ya que no cuenta con los votos suficientes para avanzar por sí sola en la Cámara baja.
Entre los principales cambios, el proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que existían para ingresar al régimen simplificado. Hasta ahora solo podían adherir quienes declararan ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones. Con la reforma, cualquier persona física residente en el país podrá optar por ese sistema.
El texto también mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica y redefine el criterio de «discrepancia significativa», que habilita al organismo a revisar declaraciones juradas cuando detecte diferencias superiores al 15%.
Otro de los puntos que genera mayor polémica es que el régimen también podrá ser utilizado por funcionarios públicos. La inclusión despertó cuestionamientos incluso entre sectores aliados del oficialismo, especialmente después de que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni se acogiera al régimen tras el crecimiento de su patrimonio.
Además, el proyecto establece que quienes ingresen al sistema deberán canalizar sus operaciones a través de entidades financieras reguladas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. También instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que la adhesión al régimen sea considerada un antecedente favorable en los controles antilavado, aunque aclara que no exime a bancos y entidades financieras de cumplir con las normas de prevención y reporte de operaciones sospechosas.
La propuesta se convertirá en uno de los primeros grandes debates legislativos tras el receso invernal y volverá a poner sobre la mesa la discusión sobre los beneficios otorgados a quienes mantuvieron activos fuera del sistema, mientras el ajuste continúa impactando sobre trabajadores, jubilados y provincias.
